El dirección del PP valenciano ha pasado a la acción rápidamente. El presidente del PPCV, Alberto Fabra, no quiere que el 'caso Imelsa' empañe la campaña electoral y, consciente de los malos pronósticos que arrojan las encuestas, ha decidido elevar al Comité de Derechos y Garantías del PP la suspensión provisional de todas las responsabilidades que ostenta en el partido el presidente provincial del partido y de la Diputación, Alfonso Rus, que tan sólo dos horas antes había defendido su inocencia y dejado claro que continuará con sus responsabilidades en el cargo.
El presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco y el secretario del Comité, Juan Carlos Vera Pro, han acordado la suspensión cautelar de militancia de Alfonso Rus Terol, presidente del PP provincial y de la Diputación de Valencia.
La decisión ratifica las medidas acordadas por el presidente regional del PP de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, tras la publicación por parte de medios de comunicación de conversaciones en las que puede oirse a Rus contando billetes.
A juicio de Fabra, estas informaciones «conculcarían, al menos y sin ánimo de exhaustividad, lo previsto en el artículo 13.1.i) de los actuales Estatutos del partido al actuar en el ejercicio de un cargo público en forma contraria a los principios del partido».
Para Fabra, dicha informaciones «conllevan un deterioro público muy significativo de la imagen del PPCV dada su gravedad, repercusión informativa e incidencia en la opinión pública, máxime en momentos como los actuales».
Como consecuencia, el actual secretario general del Partido Popular de la provincia de Valencia, Vicente Betoret, asumirá la Presidencia del partido en la provincia de Valencia. Asimismo, el Comité de Derechos y Garantías del PPCV se reunirá la semana próxima para acordar la apertura de expediente disciplinario y la suspensión cautelar de militancia de los afiliados Marcos Benavent y Máximo Caturla.
El todavía presidente de la Diputación de Valencia se encuentra en el foco de un escándalo de comisiones en el seno de la institución provincial que le apunta de manera directa tras la publicación de algunas de las conversaciones facilitadas por EUPV a la Fiscalía en el marco del 'caso Imelsa'.
Nacido en 1950 en Xàtiva y alcalde de esta localidad desde 1995, Alfonso Rus es presidente del PP de la provincia de Valencia desde 2004 y presidente de la Diputación desde 2007.
Rus se considera una víctima
Horas antes, el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, manifestaba a través de un comunicado que continuará adelante en sus responsabilidades y ha asegurado sentirse «indefenso y víctima de un ataque informativo y político brutal, que se encuentra enmarcado dentro de una campaña electoral y, por tanto, motivado por razones políticas».
Rus ha explicado que su patrimonio personal «está totalmente claro, justificado y declarado de acuerdo a la legalidad», las cuentas «saneadas» y la gestión de las instituciones que preside, como el Ayuntamiento de Xátiva y la Diputación de Valencia, «se encuentran igualmente auditadas, controladas y respaldadas por los técnicos y funcionarios que tienen esa misión, independientemente de los responsables políticos».
Además, ha manifestado no tener conocimiento «por conducto oficial ni en ninguna de las informaciones aparecidas se dice» que esté incurso en ningún proceso judicial en calidad de imputado «y ni siquiera como testigo».
Barberá, «abochornada»
Por su parte, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se ha referido al 'caso Imelsa' y ha asegurado tras participar en un acto de partido que se siente «abochornada» por las conversaciones filtradas. Las grabaciones en las que Rus cuenta dinero «abochornan a todo el mundo», según la regidora, por lo que considera que el dirigente provincial «tomará la decisión que más pueda beneficiar» al partido, en alusión a una posible dimisión.
Toda la oposición ha exigido la destitución de Alfonso Rus, al tiempo que ha acusado al PP de «saquear» las instituciones en las que gobierna y ha instado a los 'populares' a «irse a su casa».