La candidata a la Presidencia andaluza, la socialista Susana Díaz, se ha comprometido este lunes, durante su intervención en el debate de investidura ante el Pleno del Parlamento, a reducir en un diez por ciento el número de altos cargos y contratos de alta dirección y personal eventual en la Junta, así como a estimular e incentivar por todos los medios al alcance de la administración, «apurando todas nuestra competencias», que las entidades financieras «busquen alternativas para evitar el drama de las familias desahuciadas y sin alternativa de un lugar donde vivir».
Estos dos compromisos hechos por Díaz son claros 'guiños' a Podemos, que entre las exigencias que ha puesto sobre la mesa durante sus negociaciones con el PSOE-A de cara al debate de investidura han estado la reducción de altos cargos de la administración autonómica y que la Junta no conveniara con entidades financieras que llevaran a cabo desahucios.
Para Díaz, es fundamental llevar a cabo una reforma en profundidad de la administración pública andaluza para incrementar su eficacia y garantías de control, mejorar la calidad de los servicios públicos, facilitar el desarrollo de la actividad productiva y asegurar la participación de la ciudadanía y el desarrollo profesional de los servidores públicos.
Se ha comprometido con la elaboración de un plan de eficiencia del sector público, incorporando mecanismos de ahorro como las plataformas de compra centralizada o la subasta para la adquisición de determinados bienes, y con una Ley de administración electrónica, generalizando los trámites electrónicos y por móvil y estableciendo medidas de proximidad a la ciudadanía, a través de ventanillas únicas en ámbitos como el empresarial y el educativo.
Asimismo, ha señalado que en esta legislatura, los profesionales públicos recuperarán plenamente sus derechos, parte de los cuales tuvieron que ser aparcados en la anterior legislatura para poder mantener el empleo público en Andalucía.
En relación con el asunto de los desahucios, la candidata socialista ha propuesto que la Cámara, por acuerdo de todos los grupos, se dirija al Gobierno de España para que retire su recurso «injusto» contra la Ley andaluza de función social de la vivienda, que es «justa y necesaria».
Susana Díaz se ha comprometido a promover una reforma de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, para lograr que las entidades financieras incluyan en las condiciones generales de los contratos de préstamo hipotecario la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, en el que se establecerá la mediación extraprocesal para posibilitar soluciones alternativas a la ejecución judicial, favoreciendo acuerdos que permitan conservar la propiedad de la vivienda o, al menos, mantener el uso de la misma.
Ha indicado que la Junta incluirá en las condiciones de las contrataciones que realice la administración con las entidades financieras la obligación de adherirse al Sistema Arbitral de Consumo y al Sistema de Mediación.
Para Díaz, se trata de «estimular e incentivar por todos los medios a nuestro alcance, apurando todas nuestras competencias, que las entidades financieras busquen alternativas para evitar el drama de las familias desahuciadas y sin alternativa de un lugar donde vivir».
Igualmente, se ha comprometido con una norma que impida que las viviendas del parque público de la Junta, como está pasando en otros puntos de España, puedan ser vendidas a fondos de inversión o de especulación de activos tóxicos, los llamados 'fondos buitre'.
Mínimos vitales
Susana Díaz se ha comprometido además con la aprobación de una Ley de Renta Básica Social en desarrollo del Estatuto de Autonomía, que integrará la prestación económica que la comunidad viene concediendo bajo distintas fórmulas desde 1991, junto con elementos adicionales para garantizar unas condiciones de vida digna a las familias beneficiarias, en el marco de un proceso de integración social y laboral. Ha garantizado que este proyecto de ley llegará al Parlamento en 2016, antes que concluya el segundo periodo de sesiones.
Asimismo, Díaz ha indicado también que hay que dar una «respuesta eficaz» a situaciones de emergencia social como paliar el problema de la vivienda, la pobreza energética y la garantía alimentaria, en definitiva, respuestas que garanticen los mínimos vitales, una cuestión de la que IULV-CA hizo bandera durante la pasada legislatura.
«Señorías, cuando a una familia se la despoja de su vivienda, cuando no puede alumbrar su hogar porque no puede pagar la luz, la estamos despojando de su vida. No podemos convivir con eso sin hacer todos los esfuerzos para evitar situaciones incompatibles con una sociedad que se considere mínimamente justa y avanzada», ha señalado.
Por todo ello, Díaz se ha comprometido a traer a este Parlamento la Ley de Protección y Asistencia a los colectivos vulnerables, especialmente en lo referente a los suministros vitales como luz y agua.