Sólo una de cada diez víctimas de algún delito de odio, sea por orientación sexual, perfil étnico, racial o de cualquier índole, llega a poner una denuncia, tal y como han destacado este miércoles los secretarios de Estado de Servicios Sociales y de Seguridad en la inauguración del Observatorio de la LGTBFobia, una iniciativa de Confederación COLEGAS para poner coto a la infradenuncia en este colectivo, víctima mayoritaria de este tipo de agresiones en España, y que «nadie se quede callado».
El acto, presidido por la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero; y su homólogo al frente de Seguridad, Francisco Martínez; ha contado con la participación del presidente de Colegas, Paco Ramírez, y el magistrado Fernando Grande Marlaska, quien ha puesto asimismo el acento en «las infradenucias» en delitos de odio de las que venían advirtiendo a España organismos como la OSCE o la FRA.
«El dar a conocer esta realidad, dar a conocer los delitos de odio y que se hable de ello ayuda a la gente y es construir sociedad», ha destacado el juez, quien ha incidido en que este tipo de agresiones y conductas discriminatorias «afectan directamente a la dignidad de la persona», protegida tanto en la Constitución Española como en la Carta Fundacional de la Unión Europea y, por tanto, hay que erradicarlas.
Según datos del Ministerio del Interior difundidos a mediados de abril, en España se registraron el año pasado 1.285 delitos de odio y cuatro de cada diez iban contra la orientación o condición sexual de la víctima. Además, como han recordado Martínez y Camarero, la cuarta parte iba dirigida contra menores de edad, un colectivo especialmente vulnerable y, en general, sólo el 9,1% de las víctimas interpone denuncia.
Para Camarero, la falta de denuncia tiene que ver por un lado, con la desconfianza, ya que «las víctimas no se fían de la legislación y/o la desconocen» y, por otro, con la invisibilidad de este tipo de delitos que «impiden que esta sea una sociedad más rica y más diversa».
«Hago un llamamiento a que nadie se quede callado. Que todo el mundo denuncie porque eso es lo que necesitan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esatado para actuar con los mecanismos que la ley les proporciona», ha señalado Martínez, tras recordar que más de 20.000 agentes han recibido formación específica para la detección y clasificación de este tipo de delitos.
En esta línea, ha destacado la aprobación el año pasado, del primer protocolo para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre delitos de odio y la elaboración y publicación de datos estadísticos por parte del Ministerio del Interior para «sacar a la luz y visibilizar» una realidad, ha dicho, que «tiene que aflorar».
Según ha dicho, en 2011 España estaba «en el furgón de cola, en el vagón de la vergüenza» de los países de su entorno porque no tenía mecanismos ni para denunciar los delitos de odio ni para registrarlos, mientras desde 2013 figura ya «entre los primeros países de la UE que mejor recogen los datos».
Camarero ha incidido también en estos esfuerzos y ha avanzado algunos más, como la preparación de un «estudio sobre el acoso homofóbico en España» de cuyas conclusiones pueda elaborarse un protocolo contra la homofobia en las aulas que pueda implantarse a través de las comunidades autónomas en todo el territorio nacional.
En esta línea, ha señalado que se va a impulsar la formación de «todo el personal» que tiene que ver con la atención a víctimas potenciales y que se les proporcionarán guías de «actuación y recursos», que se están «ultimando», para que sepan cómo responder.
«España es un país de claros y de oscuros. Somos diversos, tolerantes, pero también se siguen dando comportamientos de odio contra personas que son diferentes», ha apuntado Camarero, para poner en valor que el Observatorio de la LGTBFobia constituirá un nuevo avance para «conocer y sacar a la luz» esta realidad.
El observatorio, que comenzó a funcionar en enero a partir de una página web (stoplgtbfobia.org) tiene un doble objetivo: Por un lado, se trata de asistir a las víctimas y darles orientación sobre cuáles son sus derechos y cómo y dónde deben denunciar lo sucedido. Por otro, se busca la concienciación social en general, mediante la recogida de datos estadísticos e información relevante sobre este tipo de sucesos.
Según ha explicado después Camarero, se ha puesto en marcha en colaboración con la Secretaría de Estado de Seguridad y cuenta con subvenciones de la de Servicios Sociales a través de la recaudación de la casilla de fines sociales de la declaración de la Renta.