La defensa de la Infanta Cristina ha pedido este viernes al juez del caso Nóos, José Castro, que rebaje la «injustificada» fianza civil que le exige de 2.697.150 euros a 449.525, que es la que consideran que es la mayor de las que podrían pedirles ajustándose a Derecho.
En un escrito presentado al Juzgado de Instrucción 3 de Palma los abogados Miquel Roca y Jesús-María Silva piden la rebaja «por entender que el importe de esta resulta manifiestamente injustificado en relación con las responsabilidades pecunarias que, en el hipotético caso de ser condenada, correspondería exigirle».
Los abogados discrepan con el cálculo de la fianza del juez y le acusan de haberla fijado a partir de una solicitud de Manos Limpias –acusación del caso– «sin analizar ni cuestionar, en absoluto, la conformidad a Derecho de tal solicitud».
Manos Limpias pidió para la Infanta la imposición de penas de multa por un total de 2.022.862 euros, que se correspondía con la sexta parte de la cantidad supuestamente defraudada por su marido, Iñaki Urdangarin, en los ejercicios del IRPF de 2007 y 2008, al considerar que ella era cooperadora necesaria en el supuesto fraude.
Aplicando le Ley de Enjuicimiento Criminal, el juez fijó la fianza añadiendo un tercio a la cantidad solicitada como multa por la acusación, con lo que la petición de Castro de fianza ha ascendido a los 2.697.150 euros.
Pero los abogados ven «sobradas razones» para que el punto de partida de la determinación de la fianza no sean 2.022.862 euros sino 337.144, que se corresponderían con la cantidad presuntamente defraudada por Urdangarin en el IRPF, y que se incrementaría hasta los 449.524 al añadir el tercio previsto por ley.
Sostienen que Manos Limpias «no fundamentó en absoluto» las razones por las que solicitaba la pena máxima prevista en el artículo 305 del Código Penal cuando al mismo tiempo consideró que no concurría agravante alguno y que esta imposición de multa, en la que se basa la petición de fianza, es improcedente porque además creen que deben aplicarse varios atenuantes.
Los abogados citan, por ejemplo, el ingreso, entre otras cantidades, de 168.571 euros por parte de la Infanta con los que se reparaba el 50 por ciento del presunto daño derivado de las presuntas defraudaciones de Urdangarin, que aseguran que debe tenerse en cuenta como reparación del daño.
También reclaman otro atenuante: el delito de defraudación que se le imputa, «es un delito especial propio, del que sólo puede ser autor el obligado tributario», en este caso el Duque de Palma.
La defensa de la hermana menor del Rey también ha designado los bienes que podrían embargarse para garantizar las responsabilidades pecunarias si hubiese condena, después de una petición del juzgado en un auto del 4 de mayo.
En su escrito, aluden al palacete de Pedralbes en Barcelona, que es propiedad al 50 por ciento de la Infanta y de Urdangarin, aunque su venta está a la espera de que se resuelvan algunos recursos sobre diferentes aspectos jurídicos.
Pisos en Palma y Terrasa
Pese a ello, piden «que no se trabe embargo sobre dicho bien» porque la venta de este inmueble permitiría a la Infanta ingresar hasta 1.186.301 euros, según el escrito presentado al juez.
Aunque la casa de Pedralbes serviría «sobradamente» con la cantidad que se podría exigir, los abogados designan un segundo bien: el 50 por ciento de las participaciones de Aizoon, cuyo patrimonio consta de dos pisos en Palma de Mallorca (con parking y trasteros) y un piso en Terrassa (Barcelona).