El PP ha rechazado este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados tomar en consideración una proposición de ley del PSOE que persigue reformar la vigente Ley del Indulto para prohibir que puedan acogerse a la misma los condenados por delitos de corrupción. En su opinión, la propuesta está cargada de tintes «oportunistas» y carece de «rigor».
Según ha defendido el diputado 'popular' Arturo García-Tizón, el Ejecutivo ya ha adelantado en varias ocasiones que considera necesaria una reforma integral de la norma, que data de 1870, aunque no comparte el uso «partidista» que el PSOE imprime a la iniciativa de reforma parcial.
García-Tizón ha destacado que el derecho de gracia ha sido empleado en «contadísimas» ocasiones por su Gobierno y ha destacado que en 2014 se concedió en poco más de un uno por ciento de los casos y el año anterior en menos del tres por ciento.
No se concede indulto a los corruptos
«En todos los casos con el favor del tribunal sentenciador y la Fiscalía», ha añadido, subrayando que ninguno de los indultos concedidos lo fue por delito de corrupción. «Desde el primer momento anunciamos que estos delitos no obtendrían el indulto en ningún caso», ha destacado.
El encargado de defender la propuesta, el socialista Gabriel Echávarri, ha destacado la repulsa social que genera la concesión de gracias a los corruptos y ha advertido al PP de que «se retratará» si no apoya la propuesta. «No se trata de dividirnos entre afiliados a uno u otro partido, sino entre decentes e indecentes», ha señalado.
Izquierda Plural, CiU, UPyD, PNV, BNG y Compromís-Equo han adelantado su intención de votar a favor de considerar la propuesta. En este sentido el diputado del PNV Emilio Olabarría ha destacado que la propuesta ahorraría «algunos de los principales escándalos de los últimos tiempos» mientras que Nuet (IU-EUiA) ha recordado que el exministro del PP Ángel Acebes indultó a más de 1.300 condenados en un sólo día en el año 2000, en ocasión del año jubilar, el cambio de milenio y los 25 años de la coronación del rey.
Cargo público
En concreto, los socialistas plantean modificar la Ley del Indulto, que data de 1870, para que no pueda aplicarse la medida de gracia ni total ni parcialmente «cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero».
También proponen que para los indultos sólo se concedan si hay un criterio favorable del magistrado o el tribunal sentenciador. Es decir, que estos consideren que existen «razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del condenado para poder otorgar el indulto total».
Asimismo, la propuesta de reforma contempla que la concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se haga en un real decreto «motivado», que se publique en el Boletín Oficial del Estado, y en el que se recojan las razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del penado que concurran en cada caso a juicio del Ejecutivo.