La presidenta de la Junta de Andalucía en funciones, Susana Díaz, ha dado instrucciones a primera hora de este miércoles al consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en funciones, José Sánchez Maldonado, y a los servicios jurídicos de la administración autonómica para paralizar la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) tras conocerse el auto de la juez de Instrucción número 3 de Sevilla que investiga las supuestas irregularidades en la concesión de la explotación a Magtel y que señala que en el procedimiento no se observa «el más mínimo rigor».
Así lo ha anunciado la propia Díaz en declaraciones a los periodistas durante un paseo electoral por el barrio onubense de Isla Chica en las que ha querido dejar claro que «todo el procedimiento ha contado con la Intervención de la Junta de la Andalucía y los servicios jurídicos» de la administración.
Del mismo modo, ha remarcado que «siempre se ha buscado el máximo de transparencia» pero «ante cualquier sospecha que tenga un juez o impedimento» sobre cualquier procedimiento de la Junta de Andalucía «haré lo que he hecho hoy», es decir, «mandar al consejero de Economía, que junto con los servicios jurídicos, paralice cualquier concesión que esté bajo sospecha de cualquier juez».
«Es lo que tenemos que hacer siempre en cualquier procedimiento, cualquier concurso y cualquier causa«, ha insistido Díaz, que ha pedido también que «haya velocidad y rigor para aclarar si hay algún tipo de irregularidad o no» en este procedimiento porque «son miles de personas las que dependen de la reapertura de la mina» y con los que «tenemos que tener sensibilidad porque ha sido una comarca muy deprimida», ha proseguido.
«Si al final del procedimiento resulta alguna ilegalidad o irregularidad no tengan duda de que haré como siempre y no me va a temblar el pulso y seré implacable», ha concluido Díaz, que ha expresado su confianza en que «cuanto antes se aclare este tema».
La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha constatado «graves irregularidades» en la adjudicación que hizo la Junta de la actividad de explotación de la reserva minera de Aznalcóllar a la empresa Minorbis-Grupo México y ha pedido a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional que tome declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asencio Coto, «como responsable de las decisiones adoptadas» en el proceso de adjudicación.
En un auto fechado el pasado día 7 de mayo, la juez Patricia Fernández Franco pone de manifiesto que, de la información recabada hasta la fecha y del atestado elaborado por la UDEF, «se evidencian, al menos indiciariamente y sin perjuicio de lo que a lo largo de la investigación pueda ponerse de manifiesto, irregularidades graves que vendrían a confirmar gran parte de los extremos expuestos por la parte denunciante», como es la empresa Emérita Resources España SLU –finalista en el concurso minero–. La magistrada también asevera que «no se aprecia» que la entidad Minorbis-Grupo México «cumpliese las exigencias mínimas, ni siquiera para superar la primera fase del concurso de adjudicación».