Desde que gobierna Mariano Rajoy como presidente y Pedro Morenés como ministro el Ejecutivo inyecta a mitad de año un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio que altera completamente las cuentas anuales que se debaten en el Parlamento cada otoño.
Los Presupuestos Generales del Estado autorizaron para el Ministerio de Defensa este año 5.767 millones de euros. El consejo de ministros de este 14 de mayo aprobó un Real Decreto, publicado en el BOE del viernes, por importe de 856 millones de euros, que suponen un 15% de fondos adicionales a Defensa «para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la realización de otras actuaciones del Ministerio de Defensa», seis millones para munición y cuatro para el hospital Gómez Ulla.
La secuencia en esta legislatura ha sido que en 2012 se aprobó un suplemento de crédito para Defensa de 1.782 millones de euros, en 2013 fueron 877 millones y en pleno agosto de 2014 el crédito fue de 914 millones. Las fechas este año se han adelantado al mes de mayo, lo que se podría interpretar como un indicio del final de legislatura o que el Gobierno no se quiere arriesgar a aprobar una cantidad tan elevada en las cercanías de la campaña electoral para las generales.
Armamento, misiones e I+D no aparecen en el presupuesto inicial de Defensa
El suplemento de crédito de este 2015 suma 846 millones para programas especiales de armamento y las principales partidas se destinan al programa del avión de combate EF-2000 (Eurofighter), con 400 millones de euros; la segunda partida más cuantiosa corresponde al avión de transporte militar A-400, con 154 millones; siguen en la lista el helicóptero de ataque Tigre (69 millones), el vehículo de combate Pizarro (60 millones) y el helicóptero NH-90 (45 millones de euros aprobados).
Los diecinueve programas, tanto por su volumen económico como por la complejidad industrial y tecnológica que plantean, suponen las más relevantes adquisiciones de sistemas de armas que realiza el Ministerio de Defensa.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados el pasado otoño para 2015 se incluía en las cuentas del Ministerio de Defensa para estos programas tan solo 6,8 millones de euros, «destinados a atender los gastos administrativos de los tres programas especiales internacionales, siendo conscientes que las necesidades financieras serán superiores a la dotación inicial del presupuesto. Durante los tres últimos ejercicios presupuestarios (2012-2013-2014) han sido cubiertas mediante Créditos Extraordinarios», reconocía el Ministerio.
«Hasta el año 2030 están previstos pagos por estos conceptos, consecuencia de los contratos vigentes de desarrollo y fabricación, requiriendo tanto financiación presupuestaria como extraordinaria hasta cubrir los compromisos con la industria», argumentaba el Gobierno.
El presupuesto inicial del Ministerio de Defensa aprobado para 2015 es por tanto una ficción, pues el realmente ejecutado es muy distinto. En teoría, Defensa contaba para este año con 5.767 millones de euros, un 0,38% más que el año anterior y unos fondos que suponen el 0,53% del PIB, porcentaje muy lejos del 2% con el que presiona la OTAN. El problema es que las cifras no son reales, ya que al menos a los 5.767 millones hay que sumar los 856 millones de este mes de mayo, más el coste de las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior (616 millones en 2014, que los financia el Ministerio de Hacienda), más la mayor parte de los 720 millones de I+D+i militar que proceden en su mayor parte del Ministerio de Industria.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de la oposición contra estos créditos
El Real Decreto publicado este viernes en el BOE tendrá en las próximas semanas su validación parlamentaria. En otros casos la oposición ha criticado la medida porque no se trata de ningún gasto extraordinario del Ministerio ni se justifica la fórmula del Real Decreto, ya que son compromisos a largo plazo que el Gobierno puede perfectamente incluir en su previsión presupuestaria.
El pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de noviembre de 2014, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 6524-2014, promovido por más de cincuenta diputados, integrantes de los Grupos Parlamentarios Socialista; IU, ICV-EUIA, CHA; La Izquierda Plural; y Unión Progreso y Democracia contra el art. 2.1 del Real Decreto-ley 10/2014, de 1 de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En el suplemento financiero que se acaba de aprobar para los programas de armamento se recoge también un crédito extraordinario de seis millones de euros para atender a las necesidades adicionales del Plan de Remunicionamiento de las Fuerzas Armadas, que no se habían contemplado en el ejercicio ordinario.
Hospital «Gómez Ulla»
Por último, en estrecha relación con las medidas adoptadas durante la pasada «crisis del ébola», argumentan desde Presidencia, se concede un suplemento de crédito de cuatro millones de euros para la continuación de los trabajos de remodelación de la planta 22 del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» como unidad de aislamiento hospitalario de alto nivel. Los trabajos consisten en el replanteo de la distribución de los espacios existentes y en dotar a dicha planta de los medios necesarios para su puesta en funcionamiento.
El Gobierno aprobó el pasado 23 de enero otros 10 millones de euros con el mismo objetivo de remodelar la planta 22 del Gómez Ulla, más otros siete millones en noviembre, lo que suma 21 millones de euros la inversión aprobada por el Ejecutivo para Defensa en este apartado y convertir el Hospital Central de la Defensa en referencia nacional en crisis como la del ébola, distribuidos en al menos tres consejos de ministros diferentes en un semestre.