El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, en el escrito que ha presentado este martes ante el juez José Castro para solicitar que reduzca a 449.500 euros la fianza de responsabilidad civil de 2,7 millones que pesa sobre la Infanta Cristina, pide el mismo trato para la Duquesa que el proporcionado a la cantante Ana Torroja así como a otros imputados condenados en su día por haber defraudado a Hacienda.
Mediante un escrito, Horrach asevera que estos casos, con cuotas defraudadas «notablemente superiores» a las investigadas en el caso Nóos, se saldaron con sentencias de conformidad en las que las multas impuestas no superaron a las cantidades distraídas, mientras que la fianza decretada para la Infanta es seis veces superior.
En concreto, la excomponente de Mecano aceptó en Palma una condena de un año y tres meses de prisión -sustituidos por una multa de 9.000 euros- y el pago, entre otras cantidades, de 796.410 euros en concepto de responsabilidad civil tras admitir haber defraudado esta cantidad a Hacienda durante los años 2003, 2006 y 2007 en cuotas del IRPF.
Torroja se declaró de este modo culpable de haber defraudado al fisco utilizando para ello una estructura societaria en países como Panamá y Antillas Holandesas de la que presuntamente se sirvió para simular que residía en Reino Unido y no tributar su renta. Más en concreto, la inculpada defraudó hasta 202.068 euros en 2003, 223.935 en 2006 y 370.407 en 2007.
Por su parte, Fiscalía, Abogacía del Estado y Comunidad Autónoma retiraron las acusaciones que pesaban contra el financiero británico Christian John Hore, si bien la mujer de éste, Martha Hore, y el abogado Alejandro Feliu, fueron condenados a pagar un total de 10,6 millones de euros en concepto de impuestos impagados por la compra de varias fincas en Mallorca.
Otros de los casos con los que Horrach compara la situación de la Infanta afectan al touroperador TUI, a los arquitectos del velódromo Palma Arena Luis y Jaime García-Ruiz, y al grupo ibicenco Playa Sol.
En el caso de TUI, su asesor jurídico alcanzó en Palma un acuerdo de conformidad con el que asumió el pago de 50 millones de euros y 36.000 euros de multa a raíz del impago del Impuesto de Sociedades entre 2004 y 2008.
Por su parte, los hermanos García-Ruiz, contratados presuntamente 'a dedo' por el Govern para dirigir las obras de construcción del Palma Arena, aceptaron una condena de seis meses de cárcel y el pago de 118.000 euros de multa así como de los 169.000 euros que declararon haber defraudado a Hacienda, al no haber tributado los beneficios supuestamente ilícitos obtenidos de la ejecución de los trabajos.
Finalmente, el propietario del Grupo Playa Sol, Fernando Ferré, fue condenado a siete años de cárcel y al pago de una multa de 11,4 millones de euros, tras declararse culpable de haber creado un conglomerado de 301 compañías con la única finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Se adhiere a la petición de la Infanta
Horrach se ha adherido así a la petición que efectuó en su día la defensa de Cristina de Borbón, que considera «manifiestamente injustificada» la cantidad impuesta en relación con las responsabilidades económicas que, «en el hipotético caso de ser condenada, correspondería exigirle».
El Ministerio Público considera que la Duquesa de Palma se habría lucrado de los fondos supuestamente defraudados a Hacienda por su marido, Iñaki Urdangarin, a través de la empresa de la que ambos son copropietarios, Aizoon. No obstante, sostiene que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, al contrario que Manos Limpias, que reclama ocho años de cárcel para ella como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.
En su escrito, el fiscal alega cómo la práctica totalidad de casos relacionados con Hacienda se saldan con sentencias de conformidad en las que se impone una multa al tanto -correspondiente a la cuota presuntamente defraudada más un tercio de ésta- y no al séxtuplo -seis veces la cantidad distraída-.
Castro dio cinco días a las partes para que se pronunciasen sobre la petición de la Infanta de que el magistrado le rebaje la fianza de 2,6 millones que le impuso el pasado mes de diciembre. La Duquesa abonó en su día 587.413 euros, por lo que le restarían por pagar 2,1 en caso de que Castro mantenga la cantidad decretada.
Se trata, la cantidad de 587.000 euros, de la misma cifra que la Fiscalía solicitó el año pasado para la hermana del Rey Felipe VI al sostener que ésta habría obtenido un aprovechamiento ilícito del dinero que su marido obtuvo del en tramado urdido en torno al Instituto Nóos.
Más en concreto, la cifra supone la mitad del más de un millón de euros de los que de forma presuntamente irregular se nutrió Aizoon de la trama. Urdangarin habría defraudado con la empresa, además, hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.