El número de detenidos en la operación de la Guardia Civil por enaltecimiento del terrorismo a través de las redes sociales ha aumentado a 18 en las seis comunidades autónomas en las que está teniendo lugar este operativo simultaneo a gran escala.
En el marco de la operación, bautizada Araña III, se están practicando detenciones en seis comunidades autónomas y se espera que se alcance los 40 arrestados a lo largo del día. La mayor parte de los arrestos se han producido en el País Vasco (12) y el resto en Madrid, Segovia, Vigo, Barcelona y Valencia.
Uno de los detenidos en Baracaldo, Andeka Jurado, de 32 años, ya fue condenado por la Audiencia Nacional en 2006 por kale borroka. Fue detenido por la Ertzaintza el 8 de octubre de 2002, junto con otros ocho acusados de participar en actividades violentas. Jurado ingresó en prisión durante un tiempo y fue condenado por la Audiencia Nacional. El 12 de octubre de 2006 volvió a ser detenido para que ingresara en prisión para cumplir la pena que tenía pendiente.
En las dos primeras fases de la 'operación Araña I' fueron detenidas 21 personas en abril de 2014 y otras 19 en el mes de noviembre por enaltecer las acciones de ETA, del terrorismo yihadista o de los GRAPO. Muchos de los mensajes difamatorios que difundieron a través de internet había comentarios en los que se insultaba gravemente al concejal de Ermua asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco, o mofas sobre otras víctimas de la AVT. En otros mensjaes pedían atentados contra políticos como Rajoy, Rubalcaba o Aguirre o el Rey Felipe VI.
Precisamente la Audiencia Nacional dictó este mes de mayo sus dos primeras condenas contra dos menores de edad por enaltecer a ETA en las redes sociales. Los dos jóvenes, de 17 y 16 años cuando sucedieron los hechos, fueron detenidos en estas operaciones de la Guardia Civil contra decenas de acusados de emitir comentarios ofensivos contra las víctimas y hacer apología del terrorismo.
Sortu pide la libertad
Sortu ha pedido la libertad «inmediata e incondicional» de los detenidos tanto en la operación de la la Guardia Civil contra el enaltecimiento del terrorismo en redes sociales y ha denunciado que «España y sus subordinados consideran delito la disidencia política».
La formación independentista ha lamentado que las Fuerzas de Seguridad del Estado «pretenden convertir en costumbre realizar ataques contra la libertad de expresión atacando a usuarios de las redes sociales», y que, de esa manera, «se pretende que los ciudadanos vean con normalidad detenciones totalmente repudiables y criminalizar las opiniones disidentes y atemorizar a los que pensamos distinto».