CC.OO. ha convocado este martes una concentración el próximo jueves, 28 de mayo, frente a la sede de la Dirección General de Función Pública para denunciar la «grave descapitalización» que se sufre en la Administración General del Estado y la «urgencia» existente por abrir los procesos de negociación que sean necesarios para encontrar soluciones que permitan recuperar la normalidad de funcionamiento en los diferentes servicios públicos.
«CC.OO. no puede aceptar un esquema de actuación que pone en peligro parcelas importantes de gestión de esta Administración, así como derechos de la ciudadanía», subraya el sindicato, que añade que esta concentración es el «primer paso de un conflicto que irá endureciéndose» si no hay rectificación y soluciones a los problemas reales por parte de los máximos responsables del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El sindicato afirma que una oferta de empleo «claramente insuficiente y una postura intransigente por parte de la Dirección General de Función Pública» durante un proceso de negociación «viciado» desde el inicio ha sido uno de los últimos ejemplos que ilustra el «inmovilismo» que se mantiene en las políticas que se aplican en el ámbito de la Administración General del Estado.
El sindicato añade que la «falta absoluta» de negociación y una permanente apuesta por el «recorte indiscriminado» en todas las parcelas de derechos del personal en la Administración General del Estado siguen siendo las señas de identidad del Gobierno.
«A pesar del reiterado mensaje de 'luz al final del túnel' y de recuperación económica que desde diferentes ministerios y desde la propia Presidencia de Gobierno se viene manteniendo en el último periodo, lo cierto es que quienes trabajan en la Administración del Estado siguen sufriendo las consecuencias de decisiones que no responden a esos criterios de recuperación económica», denuncia CC.OO.
Por último, indica que la situación de muchos de los servicios públicos dependientes de esta Administración acusan los efectos de una acumulación de medidas de recorte que está poniendo en cuestión la posibilidad de dar respuesta a los requerimientos de la ciudadanía. «Todos los servicios se han empobrecido de una forma sensible y peligrosa en estos últimos años. Requieren de forma urgente de medidas capaces de corregir su situación ante la amenaza de colapso», añade.