El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha apelado este miércoles en el Congreso de los Diputados a la «separación de poderes» para responsabilizar a los tribunales y no al Gobierno de las posibles deficiencias en la investigación de torturas a detenidos de ETA. El diputado del PNV, Emilio Olabarría le había preguntado acerca de cinco condenas a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no haber investigado lo suficiente sendas denuncias de malos tratos.
Ha defendido el ministro que en España existe la «separación de poderes» y le ha recordado al diputado nacionalista que el tribunal europeo no ha condenado a España por torturas ya que «no ha entrado a valorarlas», sino «a la insuficiente investigación judicial por lo que no refiere al Gobierno, sino a otro poder del Estado». Además, ha explicado que los hechos que tratan esas sentencias «traen causa de hechos en legislaturas anteriores».
El ministro ha recordado que «esas cinco denuncias se refieren a presuntos miembros de ETA a los que se les aplicó la incomunicación (tras su detención) que ya dispone de un riguroso control judicial«. Además, ha citado la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal para destacar que se van a introducir medidas «contra acciones que atenten contra la integridad». Ha añadido que de los últimos 80 etarras detenidos en España «a ninguno se le aplicado ya la detención incomunicada».
En su replica, le ha reprochado al diputado nacionalista que haya realizado esta pregunta cuando él era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el momento en el que se produjeron algunos de los hechos denunciados. «Pregúnteselo a sí mismo y no traiga aquí esta cuestión», le ha contestado.
200.000 euros
Olabarría en cambio ha insistido en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es al Reino de España a quien a condenado con el pago de 200.000 euros en concepto de indemnización y que el Gobierno de España es el responsable de mantener la actual política antiterrorista que no está dispuesto a cambiar. A su juicio se trata de «una política de excepción» y ha acusado al ministro de actuar «como si en Euskadi no hubiese pasado nada». «No asume que la situación es muy diferente», ha añadido.
Ha denunciado que lo que hace el tribunal europeo es dictar una «amonestación severa» contra España por no investigar con diligencia los casos de tortura «con carácter general» y ha citado un informe elaborado por el Gobierno vasco y coordinado por el forense Carlos Echeverría en el que se cifra en 3.587 los casos de torturas y malos tratos entre 1960 y 2013.
También ha recogido otros estudios en los que se habla de 6.000 denuncias de tortura «que son veraces, con suficiente fundamento». «No se si estos datos le abochornan, creo que a cualquiera le deberían abochornar», ha insistido Olabarría, quien ha finalizado diciendo que esta actitud demuestra «la calidad democrática de un Estado».