La Junta de Andalucía estudia recurrir ante la Justicia europea la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula el apartado del decreto-ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda, conocido como decreto antidesahucios, que permite la expropiación de viviendas vacías a los bancos por considerar que invade la competencia exclusiva del Estado en materia de «coordinación de la planificación general de la actividad económica».
Así lo ha avanzado este miércoles en rueda de prensa en Sevilla la consejera de Fomento y Vivienda en funciones, María Jesús Serrano, que ha insistido en pedir al Gobierno central que retire el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Función Social de la Vivienda, que el Ejecutivo andaluz elaboró con posterioridad.
La Junta de esta forma «respeta la sentencia del TC pero no la comparte», por lo que la están estudiando los servicios jurídicos, una sentencia «compleja, con más de 62 folios y cuatro votos particulares», de manera que «decidiremos lo que proceda en Derecho».
«Es todo lamentable, pues además es una sentencia con cuatro votos particulares, uno de ellos de la vicepresidenta del TC, por lo que no ha habido unanimidad», ha indicado la consejera, quien tras reiterar que la sentencia llegó a los servicios jurídicos y se está estudiando, ha explicado que no cabe recurso e España «pero sí podría caber recurso de amparo ante Estrasburgo, algo que se está valorando y estudiando».