El ya exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y también exconseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, ha quedado en libertad provisional tras pasar a disposición judicial al ser detenido en una causa abierta por presuntos favores a una empresa, Avialsa, a la que se adjudicaron contratos para la extinción de incendios cuando era conseller de Gobernación y con cuyo presidente coincidió en cacerías. La magistrada del juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto también le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir dela país. Además, deberá estar a disposición de la autoridad judicial para acudir tantas veces como sea llamado. La causa sigue secreta.
La detención de Castellano se ha producido en el marco de la operación relacionada con la investigación abierta en el ministerio público el pasado mes de octubre, cuyas diligencias le fueron remitidas de Fiscalía de Madrid tras una denuncia interpuesta por el exgerente de Avialsa -empresa adjudicataria de dichos contrato– en la que alertaba de diferentes irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos otorgados por parte de la conselleria dirigida por Castellano a esta mercantil entre los años 2008 a 2010. Tras meses de investigación, Anticorrupción decidió denunciar los hechos en el juzgado al observar que los mismos podrían ser constitutivos de delito.
La investigación se ha centrado concretamente en los contratos adjudicados a Avialsa por parte de Castellano, cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación, entre los años 2008 y 2010, para la extinción de incendios forestales, por un importe de más de 33 millones de euros.
La Policía ha detenido a ocho personas más junto a Castellano en la investigación abierta sobre presuntos favores a una empresa con cuyo presidente coincidió en cacerías y a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios cuando ocupaba el cargo de consejero de Gobernación de la Generalitat Valenciana. Los agentes de la UDEF han practicado registros en la casa de Castellano y se han personado en la Consejería de Justicia y Gobernación para requerir documentación.
El Gobierno cesa a Castellano
Desde primera hora de este viernes, la Policía ha dirigido la operación en Valencia, coordinada con Fiscalía Anticorrupción. Pocas horas después, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el cese del delegado del Gobierno de Valencia. La 'número dos' del Ejecutivo ha dicho que se toma esta decisión «tras las informaciones conocidas de que se halla incurso en una investigación judicial». El sustituto deberá superar un informe de idoneidad para el puesto y cuando este esté concluido, será nombrado, ha explicado.
Sáenz de Santamaría ha señalado que este requisito es obligatorio tras la entrada en vigor de la ley del alto cargo, una de las normas del paquete de regeneración democrática presentado por el Gobierno. Ha defendido la medida como «oportuna» y otras exigencias de la nueva ley, aunque no puede sustituir a la investigación que realizan la justicia o la policía y que ha supuesto la detención de Castellanos.
15 años en la cúpula del PP valenciano
Castellano fue nombrado delegado del Gobierno por el consejo de ministros de 13 de junio de 2014.
Nacido el 2 de agosto de 1964 en Benissanó (Valencia), es Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia.
Fue Alcalde de Benissanó entre 1991 y 1999, Diputado a las Cortes Valencianas en la III, IV, V y VII Legislaturas.
Ha sido coordinador general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, vicesecretario general y presidente provincial del Partido Popular en Valencia.
Entre 1995 y 1999 presidió la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
En el Gobierno de la Comunidad Valenciana ha desempeñado los cargos de consejero desde 1999 y con tres presidentes distintos, siendo responsable de las carteras de Justicia y Administraciones Públicas (1999-2000, con Eduardo Zaplana al frente del Ejecutivo regional); de Sanidad entre 2000 y 2003; y de Gobernación, puesto que ocupó desde 2007 a 2014, con Alberto Fabra de presidente autonómico.
Castellano ha sido también portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes valencianas entre 2003 y 2007, con Francisco Camps como presidente regional del PP y del Gobierno.
'Caso Taroncher'
Castellano, en su trayectoria pública, se ha visto salpicado por otros presuntos asuntos de corrupción, que no han llegado a cuajar en su contra. Entre ellos, está el conocido como 'caso Taroncher', que finalmente fue archivado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) cuando consideró que no se habían objetivado indicios de cierta consistencia o solidez sobre hechos constitutivos de infracción penal.
En este caso fue la Asociación contra la Corrupción la que interpuso la querella contra Castellano, su mujer, el empresario José Miguel Taroncher y la esposa de este último por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, un delito de negocio y actividades prohibidas a los funcionarios y los abusos en el ejercicio de su función en relación a unas contrataciones supuestamente irregulares adjudicadas a Construcciones Taroncher por el exconseller desde los distintos departamentos por los que ha pasado en la Administración valenciana.
Esta misma asociación también le denunció siendo aún conseller por seis adjudicaciones que hizo a la empresa Over Marketing –investigada en el caso 'Palma Arena'– y Comunicación S.L. por 2.981.358 euros en su etapa en la Conselleria de Sanidad, entre los años 2000 y 2003. El caso se judicializó en 2014 para investigar una posible malversación en los contratos firmados entre Sanidad y la empresa, y se admitió una querella contra dos ex altos cargos de Sanidad –secretario general y director general de Recursos Humanos– y una tercera persona cuya identidad no ha trascendido.
Según las denuncias formuladas sobre este caso por EUPV, la Generalitat adjudicó a esta empresa contratos por más de seis millones de euros entre 2002 y 2005 «en adjudicaciones a dedo de contratos menores o en concursos en que la ofertad de esa empresa no era la más barata».
A mediados de 2014, Castellano volvió a ponerse en el punto de vista judicial tras la denuncia que le interpuso el exgerente de la empresa Avialsa sobre presuntas irregularidades en la adjudicación y gestión de los contratos otorgados por el exconseller a esta mercantil –con cuyo presidente coincidió en cacerías– entre los años 2008 y 2010.
Esta última investigación judicial parece que ha dado más frutos que la del caso Taroncher, puesto que Fiscalía ha considerado que existen suficientes indicios de delito como para denunciar los hechos en el juzgado y detenerle este viernes, junto a otras ocho personas más.