El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recalcado este sábado «el esfuerzo y compromiso de los fiscales como vanguardia en la lucha contra la corrupción sin ninguna duda ni tibieza», emprendida «a través de las iniciativas legislativas del Ejecutivo», en declaraciones durante su intervención en el XXX Congreso de la Unión Progresista de Fiscales, que se ha celebrado en Palma de Mallorca.
Catalá ha asegurado que su Gobierno ha demostrado «el mayor empeño y la mayor iniciativa legislativa y ejecutiva de la historia de la democracia española contra la corrupción«. Como prueba de ello ha señalado los diferentes casos que están en los juzgados, que «demuestran que el Estado de Derecho funciona».
El ministro ha recalcado que la corrupción «no es patrimonio de los responsables públicos», sino que «lamentablemente afecta a toda la sociedad, por lo que es necesario un esfuerzo que va más allá de lo legislativo y que tiene que ver con los valores que inculcamos al conjunto de la sociedad y en particular a los más jóvenes».
Por otro lado, ha realizado un repaso por los principales proyectos puestos en marcha desde su departamento: en relación con el Ministerio Fiscal, la reforma del Código Penal, que entra en vigor en apenas tres semanas y media, permitirá al fiscal que solicite del juez sobreseer el procedimiento, si se observa escasa entidad del hecho o falta de interés público, para descargar de asuntos irrelevantes los juzgados.
Por su parte, la Ley de Enjuiciamiento Criminal fijará un plazo máximo de instrucción, durante el que juez y fiscal tendrán que desarrollar una estrecha colaboración.
Asimismo la enmienda que se ha incorporado recientemente en el Congreso «supone un avance legal», según Catalá, puesto que persigue «consolidar los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los detenidos, sin que por ello se vea coartada la libertad de información de los medios de comunicación para los que prevalece ese derecho constitucional».
Contra la corrupción
Respecto al Código Penal, el ministro ha destacado su papel como «instrumento en la lucha contra cualquier acto de corrupción pública o privada y su importante efecto en términos de regeneración democrática».
Así, Rafael Catalá ha señalado la incorporación como delito tipificado de la financiación ilegal de los partidos políticos y el aumento generalizado de la inhabilitación especial para empleo o cargo público en un amplio catálogo de delitos, desde la prevaricación administrativa al tráfico de influencias.
Igualmente, el Código Penal establece una nueva regulación del decomiso que prevé la devolución de los bienes obtenidos ilícitamente a través de la Oficina de Recuperación de Activos, de próxima creación.
El ministro de Justicia ha subrayado asimismo algunas de las medidas puestas en marcha para incrementar los medios de acción del Ministerio Fiscal, como el aumento de la plantilla en 66 nuevos miembros durante el presente año después de cuatro ejercicios sin poder realizar nuevos nombramientos.
De la misma forma, ha destacado el modelo de la Oficina Fiscal como referente base adaptable a los distintos tipos de Fiscalías «a la vista de los buenos resultados obtenidos por la Oficina Judicial».
Paralelamente, Catalá ha señalado el impulso que desde el Ministerio de Justicia se ha dado a la progresiva incorporación de las nuevas tecnologías y ha recordado que la puesta en marcha el próximo 1 de enero de 2016 de la obligatoriedad de la relación electrónica entre profesionales y oficinas judiciales, supondrá la comunicación de escritos y notificaciones de forma electrónica en todas las Fiscalías de España, lo que contribuirá al objetivo de eliminar el papel y a la agilización de los tiempos procesales.