Dicen que a la tercera va la vencida, aunque a la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, le han hecho falta cuatro. Después de un duro viacrucis de 80 días, lleno de negociaciones oficiales y extraoficiales, tres «noes» en el Parlamento autonómico y desesperadas llamadas telefónicas a Mariano Rajoy, Pablo Iglesias y Albert Rivera, la vencedora de las elecciones andaluzas el pasado 22 de marzo por fin conseguirá ser investida presidenta autonómica este jueves a las 18.00 horas. Para ello ha tenido que esperar a después del 24M y matizar su discurso respecto a Chaves, pero a cambio ha conseguido el 'trono' del Palacio de San Telmo.
La estrategia diseñada fue arriesgada. Llevaba desde julio de 2013 ocupando la presidencia de la Junta por ‘herencia’. Su antecesor y principal mentor, José Antonio Griñán, le abrió las puertas de la Presidencia. Primero, cuando anunció que no se presentaría a la reelección. Entonces, Susana Díaz fue la única candidata del PSOE-A que logró los avales necesarios para concurrir a las primarias regionales. Y un mes después, cuando dimitió por el escándalo de los ERE de Andalucía: hoy está imputado junto a Chaves por el Supremo en la causa. Estos hechos precipitaron el ascenso de Díaz al poder. El 27 de agosto de 2013, el PSOE-A presentó a Díaz como candidata a la presidencia, y el 5 de septiembre consiguió ser investida gracias al apoyo de IU.
A partir de ese momento, su principal obsesión siempre fue apartarse de Izquierda Unida. Quería romper el pacto de Gobierno que le permitió gobernar en 2011, pero no sabía cómo justificar un adelanto electoral teniendo un Ejecutivo estable. En abril de 2014 intentó reafirmar su poder destituyendo a Elena Cortés (IU) como consejera de Fomento. La decisión tuvo que revocarla un día después. Su Gobierno se mantenía gracias al apoyo de Izquierda Unida; y estos no estaban dispuestos a pasar por ese aro. Por entonces, las encuestas aún alertaban que una convocatoria electoral no libraría al PSOE de necesitar el apoyo de IU para gobernar la región, así que no le quedó más remedio que contenerse.
Alberto Garzón irrumpe en escena
Pero a principios de 2015 Díaz encontró la excusa perfecta. El evidente liderazgo de Alberto Garzón en la coordinación federal le valió a Susana Díaz para advertir a propios y extraños sobre la “deriva comunista” de IU. La socialista declaró a Izquierda Unida “socio no fiable”; y esto le sirvió para romper relaciones y convocar elecciones un año antes de lo previsto. El momento elegido probablemente fuera el mejor: todas las encuestas le situaban como la política mejor valorada del PSOE. Y su único rival (IU), se había debilitado tras la irrupción de Podemos en la escena nacional. Los sondeos alertaban del ascenso de la formación de Pablo Iglesias en Andalucía, así que Díaz optó por el factor sorpresa. Antes de la consolidación de Podemos en la región, la dirigente socialista decidió someterse al veredicto de las urnas. Sería su primera vez, pero lo tenía todo de cara. Y a priori acertó.
Fue muy criticada por el Gobierno y el PP, quien incluso le acusó de derrochar dinero público pudiendo hacer coincidir el adelanto con las elecciones del 24 de mayo. Pero lo cierto es que los dos meses que se dio de margen le aseguró el triunfo a su partido: el desencanto generado por IU era evidente, a Podemos le pilló desorganizado y el PP pagó el desgaste del Ejecutivo Nacional. El 22 de marzo, Díaz se convirtió en la heroína indiscutible del socialismo español, que se encontraba en sus horas más bajas. Es cierto que el PSOE obtuvo el peor resultado en porcentaje de voto de su historia en Andalucía (el 35%), pero no lo es menos que soportó mejor el embiste de la corrupción y las fuerzas emergentes que el PP. Susana Díaz logró mantener los 47 escaños de su antecesor, pero con un punto a su favor: volvió a colocar al PSOE en la primera posición. No consiguió la tan ansiada mayoría absoluta, pero sí logró una clara victoria (muy por delante de los 33 escaños que obtuvo el PP y los 24 que sumaron Podemos y Ciudadanos). Claro que eso no ha impedido que durante los últimos meses haya vivido uno de los mayores calvarios de su vida política. Lo que en un principio pareció un gran acierto (adelantarse a las elecciones autonómicas y municipales), lleva tres meses siendo un auténtico calvario para la andaluza, que ha tardado 80 días en ser investida.
¿El principal obstáculo? Los comicios del 24M. Necesitaba sólo 8 “síes” o abstenciones para poder formar Gobierno, pero ha sido imposible conseguirlos hasta esta semana. El acuerdo con el PP nunca estuvo entre sus opciones. La condición impuesta por los ‘populares’ de facilitarle la Junta a cambio de que el PSOE dejara gobernar a la lista más votada en las capitales de provincia andaluzas, no le convencía. Pero Díaz nunca pensó que sería tan complicada la comunicación con Ciudadanos y Podemos. Todo hacía presagiar que hasta después del 24M no iba a haber ningún avance. Como finalmente ha sido. Tanto los de Albert Rivera como los de Pablo Iglesias habían advertido insistentemente en que no desbloquearían su situación hasta que no apartara a Chaves y a Griñán – imputados por el Tribunal Supremo en el marco del 'caso de los ERE’- de sus escaños. Un aro por el que ella no estaba dispuesta a pasar.
Reuniones, negociaciones y llamadas
Entre el 22 de marzo y el 10 de junio se han producido cuatro rondas de contactos oficiales, otras tantas extraoficiales y tres votaciones negativas en el Parlamento Nacional. El pasado 14 de mayo se celebró la última y no duró más de 15 minutos. El marco de aquella votación: una nueva investigación judicial sobre la adjudicación por parte de la Junta de Andalucía del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla). Días antes, desesperada por la situación, descolgó el teléfono y se puso en contacto con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y con los líderes de Podemos, Pablo Iglesias, y de Ciudadanos, Albert Rivera. Se dio cuenta de que hasta después de las elecciones del 24M no tenía nada que hacer. Y así ha sido. La semana pasada lanzó su último órdago: si esta semana no lograba el apoyo de alguna formación convocaría nuevas elecciones, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Aún tenía de margen hasta principios de julio para conseguirlo, pero ella no estaba dispuesta a demorar más su situación. Las malas lenguas apuntaron a que Díaz ya tenía prácticamente cerrado un acuerdo con Ciudadanos. Y así se concretó este martes, después de que los dos interlocutores suavizaran sus discursos iniciales. Esta semana también ha sido comprometida para la Junta de Andalucía, una nueva fase de la ‘operación Edu’ que investiga el fraude en la concesión de subvenciones para cursos de formación en Andalucía, ha concluido con 35 detenidos, que podrían ampliarse hasta las 140 en las próximas semanas. Pero ello no va a impedir la investidura de Díaz. Ciudadanos ha optado por desbloquear su situación. A cambio, la socialista ha firmado dos documentos sobre reactivación económica y garantía del estado del bienestar y un decálogo contra la corrupción, cuyo primer punto ya ha tenido que ser matizado.
Los de Albert Rivera exigían que los imputados no pudieran permanecer en cargos públicos. Finalmente han cedido y han aceptado que el expresidente Manuel Chaves no deje su escaño hasta que no se pronuncie en las próximas semanas el Tribunal Supremo sobre su imputación o no, tal y como ya matizó esta semana Susana Díaz en Canal Sur, donde evidentemente ya estaba lanzando un mensaje subliminal. Pocas horas después, PSOE y Ciudadanos cerraban un acuerdo: si el juez instructor de los ERE abre un suplicatorio contra el expresidente, la dirigente socialista deberá pedir sus dimisiones inmediatas por escrito y de forma pública.
Susana Díaz podría tomar posesión este fin de semana y anunciar su Gobierno la próxima semana. Aunque lo único seguro hasta la fecha es que este jueves, a partir de las 18.00 horas, la dirigente socialista será proclamada presidenta de la Junta de Andalucía.