La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido este viernes a los nuevos ejecutivos autonómicos y municipales que surgirán tras las elecciones del 24 de mayo de que el Gobierno actuará si aprueban medidas que supongan un incumplimiento de la Constitución o de las leyes. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha lanzado un aviso a los partidos, «alguno de dimensión nacional», que «están pactando la creación de agencias tributarias propias» para gestionar impuestos que corresponden a la Administración General del Estado.
Posteriormente, ha confirmado que se refería a la Comunidad Valenciana, donde el pacto de gobierno entre el PSOE, Compromís y Podemos podría concretarse en «medidas que pueden ser contrarias a la Constitución».
La vicepresidenta ha indicado que esa medida «puede seguir la misma vía de impugnación» de la que será objeto la Ley de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas del Parlamento de Cataluña. Así, ha afirmado que el recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha decidido presentar contra esa ley catalana por asumir «funciones propias del Estado» sienta un «precedente».
Objetivos de déficit de los ayuntamientos
En cuanto a los ayuntamientos que consideran la posibilidad de no respetar los objetivos de déficit, la vicepresidenta ha subrayado que «incumplir la ley no es una opción». En este sentido, ha recordado que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera «se aplica a todos» y que además hay «unos mandatos y unos compromisos europeos». «Y hay una legislación estatal que establece el cumplimiento y los mecanismos para hacer efectivos ese cumplimiento. Eso se va a aplicar», ha asegurado Sáenz de Santamaría
En este contexto, ha destacado el «esfuerzo extraordinario de saneamiento y de cumplimiento de sus objetivos de déficit» que han realizado los ayuntamientos en los últimos años. Según ha señalado, la tarea de las administraciones locales ha ayudado a conseguir que se restablezca la confianza en España y que el país se vuelva a financiar y se recupere frente a la crisis económica.
El Gobierno, en contra de la «estructuras de Estado» de Cataluña
La vicepresidenta del Gobierno también ha anunciado este viernes va a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de medidas fiscales, financieras y administrativas del Parlamento de Cataluña porque algunos de sus preceptos «sientan las bases» para la creación de «estructuras de Estado» previas a la declaración de independencia unilateral de la comunidad. «Son preceptos que tienen por objeto posibilitar que, en caso de separación, se asuman funciones propias del Estado», ha señalado la 'número dos' del Ejecutivo, que ha explicado que esta norma, aprobada por el Parlamento catalán el pasado 11 de marzo, vulnera competencias de la Constitución.
«Si inconstitucional es declarar la soberanía del Parlamento de Cataluña, inconstitucional es sentar las bases para ir trabajando en estructuras de un Estado que pudiera considerarse soberano», ha rematado. La propuesta de recurrir al Tribunal Constitucional, al que el Gobierno solicita la suspensión automática de la vigencia de esta ley, tiene el apoyo del Consejo de Estado con el informe favorable de la Abogacía del Estado, entre otros organismos.
Hoja de ruta soberanista
Según la vicepresidenta, el Tribunal Constitucional ha ido declarando ya inconstitucionales «distintos elementos» de la hoja de ruta soberanista como la declaración de soberanía o la ley de consultas.
También las actuaciones del Gobierno autonómico para preparar el denominado «proceso de participación ciudadana» el pasado 11 de noviembre, que ayer fueron calificadas de inconstitucionales. «Ya hay un principio clarísimamente asentado por el TC que es que la soberanía corresponde al pueblo español y las competencias se ejercen a través del Estado», sostiene.