El exconsejero de Solidaridad y exdiputado 'popular' en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, ha ingresado este lunes, sobre las 09.00 horas, en la prisión de Picassent (Valencia), para cumplir la pena impuesta por malversar ayudas públicas al tercer mundo, han confirmado fuentes del centro.
Blasco entra en esta cárcel tras ser condenado por el Tribunal Supremo a la pena de seis años y seis meses por su actuación irregular en la pieza 1 del caso Cooperación, relativa a irregularidades en la concesión de ayudas por parte de Solidaridad a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua.
La semana pasada el Supremo rebajó en un año y medio la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) al exconseller, quien le condenó en mayo de 2014 a ocho años de cárcel, junto a otras ocho personas más, por el fraude en subvenciones. El tribunal valenciano consideró que el exconseller dirigía el desvío de ayudas y evitó que llegaran a Nicaragua algo más de 1,5 millones de euros para trabajos de agua potable y canalizaciones.
Tras esta resolución valenciana, tanto las acusaciones como las defensas formularon recurso ante el TS –por quebrantamiento de forma, infracción de ley y precepto constitucional–, y el 25 de febrero se celebró una vista en esta instancia para que las partes pudieran fundamentar y exponer sus escritos.
Los hechos tuvieron su origen la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación en Nicaragua que convocó Blasco en marzo de 2008, y a las que concurrió la Fundación Cyes por medio del empresario Augusto César Tauroni. En total, por dos proyectos, la Generalitat otorgó a esta entidad 1,6 millones de euros, de los que solo llegaron a su destino 47.953,34 euros, es decir, menos de 3 por ciento, puesto que el resto se destinó a un «beneficio propio», a la compra de tres inmuebles y de un garaje en Valencia, según se exponía en la sentencia condenatoria del TSJCV.
Y esto fue posible tras «maniobrarlo» Blasco y Tauroni. El empresario lograba con ello una comisión del 25 por ciento del importe de las subvenciones, sin que conste «bien determinado», por otro lado, qué tipo de compensación recibiría el exconseller y sus colaboradores.
Para cometer estos delitos, Blasco, quien era consciente de que la fundación no cumplía con los requisitos previos exigidos y que tampoco destinó los fondos a los proyectos, contó con la colaboración de su anterior equipo directivo, que respondió a sus directrices «en atención a su autoridad» y ante el «temor» de que pudiera prescindir de sus servicios.