La defensa de Iñaki Urdangarin ha registrado este miércoles un escrito en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en el que comunica al juez José Castro que se ha ejecutado la operación de venta de la vivienda que Urdangarin y su esposa la Infanta Cristina tenían en Barcelona y ha anunciado que se ingresará en la cuenta del Juzgado el dinero comprometido y autorizado por el magistrado para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil impuesta.
La cantidad inicialmente prevista para el Juzgado, según consta en el escrito, se ha visto reducida en más de 3.000 euros por los intereses derivados de la hipoteca debido al tiempo transcurrido desde que los propietarios comprometieron la venta. El juez dará traslado a las partes del escrito y lo incorporará a la pieza de responsabilidad civil de Urdangarin.
Cabe recordar que el pasado 2 de junio Castro desestimó la petición cursada por la Infanta Cristina de que le fuera reducida a 449.500 euros la fianza civil de 2,7 millones que el juez le impuso el pasado mes de diciembre, al abrir juicio oral contra la entonces duquesa de Palma en el marco del caso Nóos como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.
La venta de la casa de Pedralbes se cerró este martes por la tarde, cuando la operación se realizó en dependencias de CaixaBank.
El juez del caso Nóos –en que el matrimonio está imputado–, José Castro, había autorizado a la pareja a vender la casa si depositan en el Juzgado una cantidad obtenida por la venta que sirva de garantía ante las responsabilidades económicas que puedan derivarse de la causa judicial.
Castro había ordenado al registro de la propiedad número 8 de Barcelona cancelar el embargo que pesa sobre la mitad del palacete –la perteneciente a Iñaki Urdangarin–, después de que la Audiencia de Baleares confirmase la semana pasada las condiciones impuestas en su día por el magistrado para autorizar la venta del inmueble.
La mitad del palacete le fue embargada a Urdangarin tras no haber hecho frente a la fianza civil de 8,2 millones de euros, posteriormente reducida a 6,1 millones, que a finales de 2013 le fue decretada de forma conjunta con su exsocio Diego Torres para asegurar las responsabilidades económicas que se deriven de esta causa.
El juez autorizó la venta siempre que el matrimonio se comprometiese a depositar en el Juzgado los 2,3 millones de euros que prevén obtener por la mitad embargada de la vivienda como garantía ante las responsabilidades económicas que puedan derivarse de la causa, algo que garantizaron tanto Urdangarin como su mujer, si bien manteniendo el recurso que el acusado presentó ante la Audiencia –ahora desestimado–.