Entre viajar en Metro al trabajo, como la nueva alcaldesa de Madrid, o en bicicleta como algún primer ministro nórdico, y mantener un espacio natural de uso particular de 15.000 hectáreas rodeando el palacio de la Zarzuela (el Monte del Pardo), existe un amplio margen de actuación.
«Una monarquía renovada para un tiempo nuevo» fue el principal mensaje del discurso de Felipe VI ante las Cortes en su proclamación como rey el 19 de junio de 2014. Pocas dudas hay sobre la novedad de los tiempos: emergencia de nuevos partidos, elecciones municipales y autonómicas sin mayorías absolutas, cambio en la secretaría general del PSOE y de los directores de El País, El Mundo y La Vanguardia, ruptura de Convergencia i Unió. Pero ¿se ha renovado la monarquía?
El periodista José Antonio Zarzalejos identifica en su último libro Mañana será tarde cuatro factores que marcaban el ambiente previo a la abdicación de Juan Carlos: ruptura familiar, ausencia de ejemplaridad y responsabilidad, desregulación y opacidad. Desde el punto de vista institucional lo anterior se puede resumir en transparencia y regulación legal, que afectan directamente sobre comportamientos propios y entornos cercanos.
La protesta ciudadana ha pasado de ir contra las instituciones a querer entrar dentro
En su Informe sobre la Democracia en España 2014, la Fundación Alternativas publicaba a escasa fechas de la abdicación de Juan Carlos como uno de los síntomas del deterioro institucional del país lo que llamaba «una monarquía endeble». Éste era el punto de partida.
Un año después, Alternativas destaca que el nivel de insatisfacción de los españoles con la democracia alcanza registros históricos, hasta el 68% de los ciudadanos, treinta puntos por encima de la situación previa a la crisis. El misterio es que de esa insatisfacción ha desaparecido la monarquía, identificada entonces como uno de los síntomas más graves de la crisis institucional generalizada.
Según afirma el informe 2015, «el manejo político de la crisis ha exacerbado los efectos de la mala situación económica sobre la satisfacción con el funcionamiento de la democracia». Alternativas recuerda que los problemas más importantes que afronta España según los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): el paro, “la corrupción y el fraude”, y “los políticos en general, los partidos y la política”.
Consiguiendo sobrevolar el nuevo rey sobre la insatisfacción generalizada, en el Barómetro del CIS del pasado mes de abril la monarquía recibe una nota del 4,34%, suspenso aunque seis décimas por encima de la valoración de hace un año; y únicamente el 0,1% de los españolas la sitúa como uno de los principales problemas del país. El 57% de los encuestados valora el trabajo de Felipe VI como rey.
Menos positivo es que el apoyo a la monarquía es muy bajo entre la gente joven y los ciudadanos con más estudios. Entre los mayores de 65 años el rey recibe un 5,76 y baja con la edad gasta el 3,59 de los españoles entre 25 y 34 años.
Por nivel de estudios la valoración de la monarquía alcanza su techo entre los españoles sin estudios (5,63) y va bajando hasta el 3,96 que le otorgan los titulados universitarios.
Parece en cualquier caso que ha desaparecido la monarquía como problema como consecuencia del recambio generacional, lo que no equivale a la renovación que prometió el rey en su coronación hasta en tres ocasiones. Ha desaparecido del foco, o los ciudadanos la han eliminado de entre sus preocupaciones, en el momento en que han desaparecido los escándalos y sólo queda el procedimiento judicial de la infanta Cristina para entretenimiento de republicanos.
Transparencia parcial
La web de la Casa Real ofrece información institucional, normativa y una básica información presupuestaria sobre los 7,7 millones que supuestamente sufraga los gastos «para el sostenimiento de su Familia y su Casa» y que erróneamente se identifica con el coste para el Estado de la monarquía.
El coste de la Jefatura del Estado es un tema desconocido, que va mucho más allá de esos 7,7 millones pues ahí no se incluye, por ejemplo, ni la seguridad ni las residencias reales ni el coste de la Guardia Real, unidad militar a su servicio con 1.500 militares.
Otro ejemplo: los 1,8 millones de euros que costaba el mantenimiento anual del yate Fortuna -20.000 euros llenar el depósito-, entregado en 2013 por el Estado a los empresarios que interesadamente se lo regalaron años antes, no los sufragaba el presupuesto de la Casa, sino Patrimonio Nacional, como la mayor parte de sus gastos.
Tras dudas iniciales, la Casa Real entró finalmente en la ley de transparencia de diciembre de 2013, aunque parcialmente pues sólo ofrece información de los 7,7 millones de euros que figuran en los presupuestos generales del Estado y para mayor detalle se remite al Gobierno: «la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno será el órgano competente para tramitar el procedimiento mediante en el que se solicite el acceso a la información que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey, así como para conocer de cualquier otra cuestión que pudiera surgir derivada de la aplicación por este órgano de las disposiciones de esta Ley».
En las cuentas de la Casa Real no se incluyen los 127 millones de presupuesto de Patrimonio Nacional
En la información colgada en su web la Casa Real informa de sueldos, 234.000 euros para Felipe VI, 187.000 es la nómina del rey Juan Carlos, 187.000 el de la reina Letizia y 128.000 el de la reina Sofía, que duplican y triplican el del presidente del Gobierno.
Se informa también de contratos y convenios, entre los que destaca la renovación informática por más de 400.000 euros o el interés de la Casa Real por lo que publican los medios de comunicación: 62.000 euros en análisis de información en internet; 42.000 euros en seguimiento de noticias en prensa, radio y televisión; y 48.000 euros en un servicio de cobertura audiovisual con la Agencia EFE.
Fuera quedan los 124 millones de euros del presupuesto 2015 de Patrimonio Nacional, «organismo público responsable de los bienes de titularidad del Estado que proceden del legado de la Corona española», que «tiene como fines principales el fundamental apoyo a la Jefatura del Estado para la alta representación que la Constitución y las leyes le atribuyen, así como la puesta a disposición de los ciudadanos del patrimonio histórico-artístico que gestiona a través de su uso con fines culturales, científicos y docentes». No distingue en sus cuentas Patrimonio entre el coste, digamos, del Palacio Real de Aranjuez, patrimonio histórico visitable, y el palacio de la Zarzuela, de uso particular.
En septiembre de 2014, la Casa Real firmó un convenio con el Ministerio de Hacienda para la realización de auditorías sobre las cuentas anuales de esos 7,7 millones de euros, que las realizará la Intervención General de la Administración del Estado «comenzando con las del ejercicio 2015». La Casa real tendrá hasta marzo para entregar sus cuentas y la IGAE otros tres meses para entregar su informe, «cuyo destinatario será el Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey».
Otro pequeño paso del último año ha sido la firma también en septiembre de 2014 con el Ministerio de Justicia que comprende «el asesoramiento jurídico sobre cualquier cuestión o materia que afecte tanto al ejercicio de las funciones de la Casa de Su Majestad el Rey, como a su estructura, organización o funcionamiento». Asimismo incluye «la coordinación, en su caso, de todos los procedimientos judiciales en los que la Casa de Su Majestad el Rey o cualesquiera órganos de su estructura fueran parte, informándole puntualmente de su existencia y periódicamente de su estado de tramitación y de todas las cuestiones que, respecto de los mismos, se susciten». En resumen, abogados del Estado para visar y asesorar las decisiones reales.
Regulación legal de la monarquía
Ahora hace un año el Gobierno aprobó en menos de un mes dos leyes orgánicas, la abdicación del rey Juan Carlos y el aforamiento exprés de la familia real tras la coronación.
En la modernización normativa de la monarquía se ha dejado pasar un año sin cambios de relevancia, y ahí la principal responsabilidad sería del Gobierno Rajoy, aunque no en solitario.
«La reforma de la Constitución es inevitable, por necesaria, pero Rajoy ha perdido la oportunidad», afirma a Estrella Digital Javier García Fernández, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y alto cargo de la Administración durante varias etapas de su carrera profesional. Ante la falta de interés sobre el asunto esta legislatura, la reforma se aplazaría al menos hasta dentro de cinco años, ya que es previsible que el resultado de las próximas elecciones no facilite el camino.
Junto con aspectos como blindar en el máximo texto legal el Estado del bienestar, la reforma del Senado o la estructura territorial, apenas prevista en 1978, este constitucionalista recuerda la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión, escrita en el artículo 57, como un anacronismo, además de la conveniencia de actualizar el encaje de las Fuerzas Armadas en la Constitución y la condición del rey como «mando supremo» de los ejércitos, imagen que Felipe VI ha utilizado con profusión en su primer año.
El 'mando supremo' de las Fuerzas Armadas es constitucionalmente irresponsable
La misma Constitución que dice que la política de defensa y la dirección de las Fuerzas Armadas corresponde al presidente y al Gobierno, incluye que el «mando supremo» es jurídica y políticamente irresponsable, ya que todos sus actos necesitan el refrendo del Gobierno (artículos 56 y 64).
«El rey muestra íntimas convicciones militares», señala García Fernández. Añade el catedrático que Felipe VI fue coronado como capitán general de los ejércitos, una irregularidad pues esa condición la adquirió al convertirse en monarca, no antes, como así sucedió al imponerle su padre la faja de general en un acto previo.
En relación con la polémica sobre la infanta Cristina, García Fernández discute en cambio la facultad real para quitar el ducado de Palma a su hermana, ya que el decreto de 1987 que regula estos asuntos habla de una concesión vitalicia, que entonces no se podría revocar.
Otro aspecto también simbólico de la coronación fue la ausencia de cualquier simbología o referencia religiosa, a diferencia de la proclamación de su padre, pero el primer viaje de los reyes actuales fue al Vaticano, gesto que no se corresponde con la aconfesionalidad del Estado, como tampoco su participación en la ofrenda nacional al apostol Santiago en julio de 2014 y en otras celebraciones religiosas.
Cambio de dirección de la protesta
«Se ha frenado el deterioro institucional», afirma Belén Barreiro, directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas, responsable del informe sobre la democracia en España, y ex presidenta del Centro Investigaciones Sociológicas.
Precisamente Barreiro acude al Barómetro del CIS del mes de abril para destacar la «aprobación alta» que recibe el nuevo rey por parte de la ciudadanía. «La monarquía ha conseguido recuperar su valoración», lo que tiene especial valor porque se produce en un «contexto de deterioro» y bajísima valoración de líderes políticos y partidos.
El apoyo a la monarquía es más alto entre personas sin estudios y mayores de 65 años
Alude también Barreiro a un cambio de dirección de la protesta social, que al comienzo de la crisis se orientó contra las instituciones y en los últimos meses parece preferir una participación más convencional a través del voto.
Interpretando sus palabras, se podría decir que la contestación ciudadana ha pasado de querer tomar el Congreso, o al menos rodearlo, a entrar dentro e intentar cambiar las cosas desde allí; de asaltar las instituciones, a cambiarlas desde dentro.
Es lo que parecen intentar los nuevos alcaldes de Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, Cádiz. Felipe VI ha entrado también de forma novedosa en la Zarzuela, y a todos habrá que juzgarlos por lo que hagan, aunque el nuevo rey tiene a favor el viento mediático, político y el desinterés ciudadano.
La incógnita es que, si la Casa Real no actúa, el foco de preocupación ciudadana que hoy no tiene pudiera volver.
En el marco de las negociaciones para la formación del próximo Gobierno balear, Podemos ha planteado como propuesta el abrir al público los jardines del palacio de Marivent, residencia veraniega habitual de la familia real, cuando no esté ocupado durante nueve o diez meses al año.
Además Patrimonio Nacional anuncia la próxima apertura de sendas ecológicas en el Monte de El Pardo.