El Gobierno ha pedido al Congreso de los Diputados que permita «la celebración de las sesiones extraordinarias de los órganos que parlamentarios que sean necesarios» para tramitar y aprobar el proyecto de ley que abre la puerta a la publicación de la lista de defraudadores.
La Constitución establece que los meses de julio y agosto son inhábiles a efectos parlamentarios, por lo que si se quiere seguir adelante con la tramitación de determinadas normas en esos meses se ha de solicitar expresamente que se habiliten los órganos correspondientes.
A cuatro días del 30 de junio, fecha en la que finaliza el periodo, el Ejecutivo ha pedido que se habiliten los órganos encargados de tramitar tanto la citada ley para la publicación de la lista de defraudadores, como el proyecto de ley por el que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de más de 856 millones de euros en el presupuesto de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a Programas Especiales de Armamento y a la realización de otras actuaciones de este departamento.
De entrada, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha procedido a ampliar hasta el próximo jueves, 2 de julio el plazo para que los grupos parlamentarios presenten las enmiendas parciales que estimen oportunas a los citados proyectos de ley que se están tramitando por el procedimiento de urgencia.
Los grupos ya registraron enmiendas de totalidad a sendas iniciativas del Gobierno, pero éstas aún no se han debatido, por lo que es previsible que el plazo para registrar las parciales se vuelva a ampliar.
La previsión es que el debate de totalidad de estos dos textos legislativos se sustancie en la sesión plenaria que la Cámara tiene programada para el 7 de julio y que sea justo después cuando se cierre el plazo para la presentación de las enmiendas parciales.
A partir de ahí bastaría convocar a la ponencia y la comisión correspondientes para aprobar cada uno de los dos textos. En el caso de la ampliación de los créditos de Defensa, tras ser aprobada en comisión, la ley continuaría directamente su tramitación en el Senado. Sin embargo, la relativa a los defraudadores, que tiene carácter orgánico, debería pasar antes otra vez por el Pleno. Ese debate en el hemiciclo se calcula para el 16 de julio.