El caso del fallecimiento del cabo Francisco Javier Soria Toledo en Líbano durante un bombardeo israelí el pasado 28 de enero ha llegado a la Audiencia Nacional, que en los próximos días deberá decidir si lo acepta. En caso de que así sea, será un tribunal civil el que investigue la muerte del militar, que su familia califica de «asesinato».
El hecho de que el caso del cabo Soria esté a las puertas de ser instruido por un juez de la Audiencia Nacional ha sido posible por la iniciativa de los padres del militar, que se personaron como acusación particular en marzo, tras lo cual pidieron la inhibición del juzgado militar que llevaba el caso.
La inhibición del Juzgado Togado Militar número 11 ha tardado dos meses en llegar. En el auto correspondiente, dicho juzgado considera a la Audiencia Nacional «competente» para la tramitación del recurso de la familia y se compromete a facilitar toda la información que se le reclame, como pueden ser «los restos del proyectil» que impactó en la posición donde se encontraba el cabo Soria.
La intención de los padres del militar español, que participaba en la misión de la ONU en Líbano cuando falleció por un bombardeo del Ejército israelí, es «saber qué pasó, quién lo hizo y por qué», ya que consideran que la actuación del Ministerio de Defensa en todo este asunto «deja mucho que desear».
La madre del cabo, Margarita Toledo, ha dicho este jueves en rueda de prensa en Madrid que a su hijo «le han matado, no ha sido un accidente, y los responsables tienen que pagar por ello». «Estuvieron disparando durante más de dos horas, bombardeando a España», ha denunciado.
Además, ha reprochado que el Gobierno no se ha puesto en contacto en ningún momento con ella, ni siquiera para transmitirle sus condolencias. «El presidente dio su pésame por Twitter, pero yo no tengo Twitter», ha señalado.
Tampoco el Estado de Israel se ha dirigido a ella, a pesar de que, según ha asegurado, se puso en contacto con la embajada en Madrid, por lo que dice no saber nada de las indemnizaciones que habrían recibido la mujer y la hija del militar –que nació cinco días después de su muerte– y que corren a cargo del Gobierno español, el israelí y Naciones Unidas.
Mariano Casado, secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y abogado de los padres del cabo, ha asegurado que entre los miembros de las Fuerzas Armadas hay «malestar y frustración» por cómo se ha gestionado por parte del Gobierno el caso del fallecimiento del casco azul. «Los militares que mueren por nosotros merecen un trato más digno», ha afirmado.
Esta es la razón por la que pide que la Audiencia Nacional investigue el caso, ya que considera que algo así «no puede quedar sin investigación judicial». «La verdad tiene que ser judicial, no militar o parlamentaria. No se puede excluir una investigación judicial en un Estado de Derecho», ha subrayado.
Así se ha referido Casado a la comparecencia del ministro de Defensa el pasado 14 de abril en el Congreso para explicar las conclusiones de las investigaciones que realizaron tanto Naciones Unidas como el Ejército israelí acerca de lo que ocurrió el 28 de enero.
En aquella ocasión, Morenés afirmó que «no había ningún tipo de intencionalidad» de los artilleros israelíes contra la misión de la ONU en la que estaba desplegado el cabo Soria y que el fallecimiento del militar se debió a «varios errores» durante el bombardeo del Ejército hebreo.
El Gobierno dice que la información es reservada
Para el secretario general de AUME, «no hay otra manera de descartar la intencionalidad que preguntando a los autores» de los disparos, y esto sólo se puede averiguar iniciando una investigación y «llegando hasta donde se pueda».
A su juicio, la decisión que tome la Audiencia Nacional, acerca de si acepta o no el caso, «va a ser toda una declaración de intenciones» sobre si la muerte del cabo Soria se quiere investigar o no. En este sentido, ha lamentado la ausencia de la Abogacía del Estado en todo este proceso.
«A las Fuerzas Armadas se las valora mucho desde las instituciones, pero en momentos como este, una persona que ha muerto por España, se merece un tratamiento más noble y más justo. La muerte traumática de una persona no puede dejar de ser investigada judicialmente», ha aseverado.
Por otra parte, el Gobierno se ha negado a facilitar información a la oposición sobre las actuaciones que llevó a cabo ante Israel y la ONU para exigir responsabilidades por la muerte en Líbano del cabo Francisco Javier Soria Toledo, el pasado 28 de enero, alegando que «podría comprometer la seguridad» de los militares que participan en la misión internacional en ese país de Oriente Próximo.
El portavoz de Defensa del Grupo Socialista en el Congreso, Diego López Garrido, registró en abril una pregunta escrita en la que quería saber «qué actuaciones ha realizado el Gobierno ante el Estado de Israel y Naciones Unidas para exigir la depuración de las responsabilidades disciplinarias y, en su caso, penales de los autores de los disparos de artillería que acabaron con la vida del cabo».
La pregunta fue registrada después de la comparecencia del ministro de Defensa, Pedro Morenés, ante la Comisión de Defensa, donde explicó que, según las conclusiones extraídas de las investigaciones realizadas por Israel y la ONU, el casco azul español falleció a causa de «varios errores» cometidos por el Ejército hebreo durante un bombardeo contra posiciones de Hezbolá.
Morenés destacó que «no había ningún tipo de intencionalidad» de los artilleros israelíes contra la misión de la ONU en la que estaba desplegado el cabo Soria y que sus acciones ese día se debían a una «respuesta» a un ataque previo de la milicia libanesa. Eso sí, aseguró que Israel asumía la «responsabilidad» del impacto que acabó con la vida del militar.
Después de esta comparecencia del ministro, el portavoz socialista de Defensa quiso saber qué gestiones se han realizado desde el Gobierno para exigir la depuración de esa responsabilidad que asume el Ejército hebreo, ya sea disciplinaria o penal.
«En relación con la información solicitada, se señala que, en caso de hacerse pública, podría comprometer la seguridad de las fuerzas participantes en la operación, por lo que se encuentra sujeta a clasificación de seguridad», ha contestado el Ejecutivo.
Además, se remite a la comparecencia de Morenés para aquellas dudas que se puedan tener acerca de, exclusivamente, «los hechos que produjeron la muerte al cabo Soria, las conclusiones extraídas y las medidas adoptadas».