El ex tesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas ha acusado a la formación política de contar un sistema de financiación paralelo desde, al menos, 1982 en el que los órganos de dirección y gestión eran «plenos conocedores» del origen y destino de las donaciones y que Manuel Fraga, José María Aznar y Mariano Rajoy recibieron donativos durante sus presidencias.
En el escrito de defensa, los abogados del que fuera máximo responsable de las finanzas 'populares', Francisco Maroto y Joaquín Ruiz de Infante, explican que el manejo de donativos al margen de la ley era un sistema «perfectamente institucionalizado, donde, como en toda pirámide organizativa jerárquica, las instrucciones emanaban de arriba a abajo», correspondiendo a Bárcenas una labor de «mero amanuense».
Según detalla, durante el periodo comprendido entre 1982 y 1986, las máximas instancias de Alianza Popular utilizaron sociedades, como Sipsa, Opisa, Hermogenes, Hernandez Carretero, para recibir ingresos por donativos, que eran recibidos fundamentalmente por Fraga y este los entregaba al secretario general o tesorero. La liquidación de estas mercantiles fue ordenada por el entonces tesorero Ángel Sanchís.
Entre 1987 y 1988, bajo la presidencia de Antonio Hernández Mancha, el secretario general Arturo García Tizón abrió una cuenta en el Banco de Fomento, en la cual se ingresaban los donativos, diferente a la de Alianza Popular.
Desde 1989 a 1990, siendo presidente del partido José María Aznar, secretario general Francisco Álvarez Cascos y tesorero Rosendo Naseiro, las donaciones «las recibían el presidente y el secretario general, que se les entregaba al tesorero, que además gestionaba con empresarios aportaciones para el partido».
El escrito precisa que Naseiro empezó a ingresar entonces en una caja ajena a la contabilidad oficial, que constituyó el primer apunte de los llamados 'Papeles de Bárcenas'. Cuando este tesorero deja el cargo, Aznar dio «instrucciones» a Cascos para liquidar las sociedades Ibérica de Firmes, Videosoluciones y Ediciones Conosur, constituidas para «facturar a las empresas que aportasen donativos», encargándose esa labor al «despacho de Miguel Blesa».
Durante el mandato de Aznar, matiza que, entre 1996 y 2004, los secretarios generales «normalmente ponían a los donantes en contacto con el tesorero Álvaro Lapuerta que recibía las ayudas». «De hecho, es durante el mandato como secretario general de Javier Arenas cuando distintos empresarios andaluces comienzan a donar fondos a la sede central del partido», añade.
Entre 2004 y junio de 2008, encontrándose al frente del partido Mariano Rajoy, siendo secretario general Ángel Acebes y tesorero Álvaro Lapuerta, «salvo algunos donativos importantes que recibía el presidente, el resto de la gestión para consecución de donativos la hacía el tesorero nacional».
Por último, desde junio de 2008 a julio de 2009 con Rajoy como presidente, María Dolores de Cospedal como secretaria general y Bárcenas como tesorero, disminuyeron «notablemente» los donativos de empresarios que «venían ayudando al Partido Popular». «En esos seis meses, el tesorero recibía directamente los donativos», agrega.
En ese periodo de tiempo, destaca que «reportó a las dos personas de las que dependía jerárquicamente Rajoy y Cospedal» ya que «los secretarios generales eran informados puntualmente de las cantidades recibidas y el nombre de los donantes por el tesorero nacional».
En todo caso, Bárcenas defiende que la figura del gerente, desde 1982 a 2008, se limitaba a cumplir «instrucciones» del secretario general o tesorero, anotando las cantidades y entregando aquellas que le fueran solicitadas, «sin capacidad de disponer de forma autónoma». «Nuestro patrocinado no tiene la condición ni actuó en ningún momento como administrador o responsable legal de la formación política», apostilla.
Tras indicar que tampoco se ha ocupado de elaborar las liquidaciones practicadas por el PP ante la Agencia Tributaria, la defensa de Bárcenas concluye que la conducta de su cliente no es constitutiva de ningún delito y solicita que las costas procesales se impongan a las acusaciones populares por la «temeridad de sus pretensiones y la asunción de criterios manifiestamente contrarios a la legalidad tributaria».
«Las costas procesales deben imponerse en base al daño personal que se deriva de la solicitud de penas de prisión y multas desorbitadas y así como a la petición de responsabilidades patrimoniales extravagantes y las consecuencias confiscatorias que han provocado durante el largo proceso un grave daño a mi patrocinado», concluye.
En esta causa se sentarán en el banquillo de los acusados los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; el exgerente Cristóbal Páez; los socios del estudio de arquitectura Unifica, que remodeló la sede de Génova, Gonzalo Urquijo y Belén García y su empleada Laura Montero.