La Audiencia Nacional (AN) ha reabierto la causa que seguía contra el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno y otros 11 exdirectivos que utilizaron las 'tarjetas black' de Caja Madrid, al considerar que «al menos en este momento» no se puede establecer que estos gastos «formaran parte de su retribución fija», como consideró el juez instructor, Fernando Andreu.
Así consta en un auto dictado este viernes por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en el que admite un recurso presentado por Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que ejerce la acusación popular en el procedimiento, y revoca el auto de archivo dictado el pasado 5 de mayo por el magistrado, que considera «precipitado».
El tribunal destaca que las 'tarjetas black', en las que estos 12 exdirectivos gastaron 3,4 millones de euros, «carecían de soporte o justificación contractual» y que la entidad no practicaba «la retención oportuna», como se habría hecho de haberse tratado de «verdaderas remuneraciones». Estas percepciones tampoco tenían «reflejo en las nóminas ni en las certificaciones de retenciones de los exdirectivos».
Los magistrados Alfonso Guevara (presidente), Carmen Lamela (ponente) y Antonio Díaz Delgado también indican que el hecho de que algunos directivos dispusieran de dos tarjetas, una de ellas para gastos de representación, no demuestra que la segunda fuera para recibir un complemento salarial. A ello añaden que la circunstancia de que unos tuvieron pin y otros no «pone en duda la libertad de disposición como si de una simple retribución se tratara».
Exdirectivos de nuevo imputados
De esta forma, además de Spottorno (que gastó 223.900 euros), vuelven a tener la condición de imputados en el procedimiento el exdirector general de Caja Madrid y número dos de Miguel Blesa, Matías Amat (429.000); el exsecretario general del Consejo de Administración Enrique de la Torre (304.000); y el exdirector de Sistemas y Organización de Caja Madrid Ricardo Morado (que gastó 443.000 euros).
También se reabre la investigación para el ex director general de Banca Comercial Ramón Ferráz Ricarte (390.000); el exdirector de Banca Comercial y ex consejero delegado de la Corporación Caja Madrid Mariano Pérez Claver (354.100) y el exdirector de Comunicación Juan Manuel Astorqui (287.000).
Completan esta relación el ex director gerente de la Obra Social Caja Madrid Carlos María Martínez (271.900); la exdirectora de Auditoría Interna y exdirectora gerente de la Obra Social Carmen Contreras (277.000); el director de la Banca de Negocios Carlos Vela García (246.000); el exdirector de Riesgos Ramón Martínez Vilches (99.000) y el exdirector del Gabinete del Presidente y exdirector de Gestión de Activos Luis Gabarda Durán (134.800 euros).
12 Argumentos contra Andreu
El tribunal esgrime en su resolución un total de 12 argumentos a partir de informes y declaraciones que forman parte de la instrucción para desbaratar la tesis del juez Andreu de que los gastos en las visas opacas no formaban parte de la retribución salarial de los exdirectivos.
Así, recuerda que no existía ningún acuerdo de los órganos directivos de la entidad que avalara la emisión y entrega de los plásticos, por lo que las tarjetas no tenían «ningún tipo de base legal ni contractual». A ello hay que añadir que las partidas destinadas a estos gastos «tampoco se contabilizaban de manera adecuada», ya que se cargaban en las cuentas de «gastos de órganos de gobierno» y «tratamiento administrativo» en lugar de en las de retribuciones.
La Sección Tercera también señala que los gastos que se hicieron con las visas opacas «no eran declaradas por los perceptores» y que, si de esta forma se pretendían aumentar las retribuciones de los directivos, lo lógico es que se hubieran elevado «directamente».
Tras recordar que el ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdú rechazó contar con una tarjeta de esas características por su «oficio bancario», los magistrados recuerdan que ese «mismo oficio» lo tenían el resto de directivos, que debían «conocer que el uso de las tarjetas no estaba contemplado ni en sus contratos ni en sus nóminas».
El tribunal, que también apunta que consejeros como el dirigente de UGT Miguel Ángel Abejón reconocieron que las únicas retribuciones que percibían eran las dietas que cobraban por ir a reuniones, añade que algunos usuarios no llegaban al límite de saldo que tenían en sus visas, «lo cual carece de sentido si aquellas correspondían a un complemento salarial fijo».
A los magistrados tampoco les parece «lógico» que las supuestas retribuciones de las 'tarjetas black' se hicieran «de forma diferenciada» al resto o que el cálculo de una parte del salario «se dejara al arbitrio» del presidente de la entidad, Miguel Blesa, quien «cada año podía elevarlo o disminuirlo sin ningún tipo de justificación».
Andreu imputó en enero a 79 antiguos miembros del consejo de administración y exdirectivos de Caja Madrid, integrada desde 2011 en Bankia, por el uso que hicieron de las 'tarjetas black', en la que se cargaron en gastos personales por valor de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012.
El juez interrogó en febrero a 27 exmiembros del Consejo de Administración y en marzo a otros 37 exdirectivos. En la causa también están imputados los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato y el exdirector financiero de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj.