La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno autonómico, María Victoria Broto, ha explicado que el 21 de septiembre de 2012 la residencia de mayores de Santa Fe perdió la autorización provisional favorable de apertura otorgada por la Diputación General de Aragón (DGA), si bien ha aclarado que eso no significaba su cierre inmediato.
Así lo ha señalado en rueda de prensa, en la que ha comparecido junto con el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, tras reunirse para analizar la situación de este establecimiento, que en la noche de sábado al domingo sufrió un incendio en el que han fallecido ocho de sus residentes, mientras que tres de ellos continúan ingresados.
La consejera también ha apuntado que esta residencia dejó de tener esa autorización por no haber subsanado «deficiencias» de mantenimiento e higiénico-sanitarias y no en materia de personal, en el que «no había problemas» y «cumplía» la normativa sobre número de cuidadores por internos. Por lo que respecta a la legislación antiincendios, ha recordado que es competencia del Ayuntamiento de Zaragoza.
Broto ha aclarado que han realizado un primer análisis «con rapidez» del expediente con que cuenta su Departamento sobre esta residencia, que es «largo», y «ahora tenemos que estudiar cuál es la situación y las razones» con «más tranquilidad» y por eso ha apelado a la «prudencia».
Según ha relatado, el establecimiento se abrió en julio de 1997, momento en el que recibió un informe con la autorización provisional de apertura favorable y, posteriormente, se realizaron diferentes inspecciones, dos en 2006 y una en 2011, fruto de las que «aún manteniéndose la autorización provisional de apertura», se planteó que debía subsanar «deficiencias» en el ámbito del mantenimiento e higiénico-sanitarias.
Tras la última inspección, se advirtió a la residencia que se le concedía un plazo de un año para solucionar esos problemas y, en caso contrario, se le avisó de que «se retirará el informe favorable», como ocurrió, al comprobar que no se habían solventado, tampoco tras dar un mes más dado para «presentar la documentación», algo que no se hizo. Broto ha agregado que «después se plantea la incoación de un expediente sancionador».
No ha cumplido
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales ha constatado que la residencia de mayores de Santa Fe «desde el punto de vista de la tramitación y de todos los informes que tenían que ser favorables no ha cumplido».
Ha agregado que, por eso, «la realidad es que hay un informe que nos dice que una apertura que se autorizó, ahora deja de autorizarse», para opinar, no obstante, que esta es una situación «compleja» y «entiendo que después de esa retirada» habrá un plazo para presentar alegaciones y, ni este ni en ningún otro caso, «se puede plantear el cierre inmediato de ninguna instalación condicionado a esta situación».
Así, ha apuntado que hay un expediente en el Departamento y «una investigación» sobre lo ocurrido este fin de semana. Por su parte, el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, ha remarcado que «los procedimientos administrativos son muy complejos» y, por el momento, «no podemos avanzar más» ya que «estamos en una fase provisional».
Sin embargo, se ha comprometido a «ir hasta el final y a tomar las medidas que creamos que debamos tomar», para transmitir un mensaje de «prudencia» y «tranquilidad» sobre la situación de las residencias en la Comunidad autónoma.
En este caso, ha puntualizado que en 2014, hubo una inspección de un farmacéutico sobre las cuestiones higiénico-sanitarias, entre las que ha mencionado el estado de limpieza del microondas y de la ropa.
Finalmente, ha indicado que van a seguir investigado y profundizando en el expediente, para precisar, igualmente, que se iban a reunir esta misma mañana con los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón para informarles de la situación.