El juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, que investiga al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a raíz de la denuncia presentada contra él por la Agencia Tributaria, descarta por el momento la existencia del delito de alzamiento de bienes que la Fiscalía procedió contra él junto con otros cinco contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales. Por el momento únicamente ve «perfilado» el delito fiscal y no se pronuncia sobre éste último.
Así señala en un auto de fecha 1 de julio en el que desestima el recurso presentado por la Asociación de Abogados Demócratas (ADADE) contra la decisión inicial del juez de no permitirles personarse en la causa como acusación popular.
En la resolución, se recuerda a ADADE que la propia Audiencia Provincial de Madrid descartó la existencia del alzamiento de bienes cuando atribuyó la competencia a su juzgado, y que éste sería el único delito que podría justificar la personación de este colectivo por una «genérica relación con 'los casos más importantes de corrupción'» que según ellos mismos son objeto de sus actividades.
De lo ahora investigado, señala el juez, «el único delito que empieza a aparecer perfilado» es el cometido contra la Hacienda Pública. Añade que esta es una conducta «sin relación por ahora con hechos que se puedan relacionar con actos de corrupción» y cuyo concreto perjudicado es el Estado, al que representa la Abogacía del Estado ya personada en la causa.
Significación mediática de Rato
La única «especial relevancia» del caso por el momento, continúa Serrano-Artal en su auto, «no es otra que la significación social y por ello mediática del denunciado, «lo que resulta a todas luces insuficiente» para fundamentar la personación de ADADE en la causa.
Precisamente este martes, el juez ha citado en calidad de testigo el próximo 20 de julio a la inspector jefe de la Oficina nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas.
La citación se produce en coincidencia con el levantamiento del secreto de la pieza documental del caso, que estalló el pasado 16 de abril cuando el exmandatario fue detenido por unas horas y su domicilio y su oficina personal registradas por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera en cumplimiento de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Madrid por la Agencia Tributaria.
En su denuncia ante la Fiscalía de Madrid la Agencia Tributaria destacaba dos presuntos riesgos asociados a Rato. Se trataba del presunto impago de varias cuotas de IRPF por importe anual de 120.000 euros, que es el importe mínimo previsto para el delito contra la Hacienda Pública, al que se unía un posible delito de blanqueo de capitales según el Miniserio Público.