La Comisión Europea ha anunciado este jueves que llevará a las autoridades españolas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), por la «persistencia de vertederos ilegales» en varias regiones del país, pese a los reiterados avisos de Bruselas para que España «tomara las medidas necesarias».
El Ejecutivo comunitario considera que, pese las normas comunitarias, existe una «gestión insuficiente» de los residuos en Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia.
El caso se remonta a 2007, cuando la Comisión inició un expediente contra España tras detectar «vertederos ilegales» en varias regiones, pero las autoridades del país se comprometieron a «clausurar y restaurar» esos vertederos antes de que acabara 2011, según informa Bruselas en un comunicado.
El retraso en poner en marcha el plan de acción anunciado por España, el Ejecutivo comunitario dio un nuevo paso en 2014 para instar a las autoridades a cumplir con sus compromisos.Sin embargo, los servicios comunitarios han constatado que sigue habiendo 61 vertederos que, si bien no están en uso, sí están «incontrolados», por lo que constituyen «una amenaza para la salud humana y el medio ambiente».
Así las cosas, Bruselas ha decidido llevar a España ante la justicia europea para «forzarla a acelerar el proceso».
De acuerdo a las normas comunitarias, los Estados miembros están obligados a recuperar los residuos o a eliminarlos para que no supongan un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, por lo que están obligados a prohibir su abandono, vertido o eliminación incontrolada.
Si el Tribunal de Justicia concluye que España persiste en la no aplicación de las reglas de la Unión Europea en esta materia, Bruselas podría iniciar un segundo procedimiento para imponer una multa a las autoridades nacionales.
Afecta al 20% de los vertederos
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha señalado que, actualmente, existen en España un total de 61 vertederos pendientes de adaptación, de una cifra incial de 300 en España, y que estos 61 se encuentran ya inactivos, si bien están pendientes de concluir sus obras de sellado.
Asegura que continúa colaborando con las autoridades competentes (las autonómicas y locales) en la gestión de los residuos para avanzar en la adecuación de los vertederos ilegales.
Igualmente, afirma que ha venido informando regularmente a la Comisión Europea de los avances realizados en la clausura o adecuación de estos vertederos. Así, puntualiza que se han remitido a la CE un total de ocho informes, el último de ellos en diciembre de 2014, y que está en proceso de elaboración un último informe que se remitirá a finales del mes de julio, en el que se incluirán los últimos avances en esta materia.
En relación con este procedimiento de infracción, el Ministerio asegura que «siempre» ha colaborado con las comunidades autónomas que, según destaca, «son las autoridades en quienes reside la competencia para la autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de gestión de residuos, así como para el suministro de la información en esta materia».
Finalmente, resalta que ha proporcionado apoyo financiero a través del Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) Residuos, que se ha puesto en marcha este año, dotado con 8,2 millones de euros, de los que 4,1 millones de euros se destinan específicamente a la adecuación de vertederos.