El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el acuerdo para la constitución de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, más conocido como Centro Memorial, que tendrá su sede en Vitoria y de la que será presidente de honor el Rey Felipe VI.
Según ha explicado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la rueda de prensa posterior, este acuerdo es «la culminación de un proyecto ambicioso y estratégico» del Gobierno en el que su Departamento lleva trabajando desde el principio de la legislatura.
El objetivo de esta fundación es «preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo» y «concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo».
Además, ha explicado el ministro, se dedicará a «construir la memoria colectiva» de las víctimas y de lo que «verdaderamente ha ocurrido durante tantos años en el País Vasco, Navarra y el conjunto de España con el terrorismo de ETA».
Con todo, no excluye a las víctimas de otros terrorismos, fundamentalmente el yihadista, y, por eso, tendrá una subsede en Madrid, que tendrá como objetivo específico el homenaje y recuerdo a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004.
El Centro Memorial tendrá el carácter de fundación del sector público estatal y, de esta manera, contará con un órgano de gobierno de carácter colegiado, un patronato que integra a representantes del Gobierno central, de las Comunidades Autónomas, las Cortes Generales, el Ayuntamiento de Vitoria y de las víctimas del terrorismo, para así reflejar «el gran consenso político y social que ha inspirado su puesta en funcionamiento».
El patronato estará presidido por el presidente del Gobierno y tendrá 20 patronos: diez representarán a la Administración General del Estado, tres al Gobierno vasco, uno al Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra y otro a los gobiernos de las restantes comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El alcalde de Vitoria también será patrono, al igual que dos miembros de las Cortes Generales -uno a propuesta del Congreso y otro del Senado-, y habrá dos patronos en representación de las víctimas del terrorismo. Uno será quien ostente, en cada momento, la Presidencia de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) y otro será rotatorio por periodos de un año, designado a propuesta de la FVT entre los patronos de las asociaciones y fundaciones de víctimas.
Además, el Centro Memorial tendrá con un director, que será nombrado por el patronato a propuesta de su presidente, y cuyas funciones serán, entre otras, la gestión y ejecución de los acuerdos y directrices adoptados por el patronato.
El Ministerio del Interior propondrá para ocupar este cargo al periodista y escritor Florencio Domínguez, quien ya dirigió la Comisión de Expertos que puso en marcha el Gobierno para la definición del Centro Memorial.
Fernández Díaz ha explicado que el objetivo del Gbierno es que el Centro Memorial esté en funcionamiento entre septiembre y octubre, antes de que acabe la legislatura, aunque tenga que hacerlo en una sede en funciones, porque el edificio del Banco de España que lo acogerá está en remodelación y se espera que las obras finalicen el próximo año.
Según ha explicado Interior en un comunicado, la Fundación desarrollará principalmente, actividades de sensibilización, educativas y pedagógicas, así como expositivas a través de una muestra permanente y otras temporales. Igualmente, entre sus actividades se encuentran las de investigación, archivo, biblioteca y publicaciones, y la difusión nacional e internacional.
Este Centro Memorial trata así de dar respuesta a los objetivos marcados por la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo que se aprobó en septiembre de 2011 y rendir «un justo homenaje a las víctimas del terrorismo».
De esta manera, «se salvaguarda el recuerdo del sacrificio de las víctimas del terrorismo con especial atención a su significado político, que se concreta en la defensa de todo aquello que el terrorismo pretende eliminar para imponer su proyecto totalitario y excluyente». «La significación política de las víctimas exige su reconocimiento social y constituye una herramienta esencial para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo», subraya Interior.