El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) celebrado este lunes ha aprobado, con cuatro votos a favor y uno en contra, informar favorablemente y remitir al Ministerio de Industria el informe vinculante asociado al proceso de licenciamiento y autorización previa de la instalación nuclear a pesar de que presenta «deficiencias graves» e incumple la propia normativa de la institución, según Ecologistas en Acción. Así se desprende del acta del Pleno del pasado 15 de julio que aprobó ese mismo informe y que entonces se envió al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la elaboración de una Declaración de Impacto Ambiental. El dossier se refiere al funcionamiento del cementerio nuclear pero no expone las consecuencias de posibles accidentes o fugas. “El informe presentado a la consideración del Pleno valora únicamente el impacto radiológico al público como consecuencia de la operación normal de la instalación”, dice uno de los apartados del acta del Pleno . Sin embargo, la propia normativa del CSN obliga a estudiar el impacto de incidentes. “El acta dice que no se van a tener en cuenta sucesos extraordinarios pero la instrucción técnica IS-29 del Consejo de Seguridad Nuclear dice que para evaluar impactos radiológicos e instalaciones nucleares hay que tener en cuenta los posibles accidentes, por eso el informe es incompleto y no debe ser aprobado”, explica a Estrelladigital.es Francisco Castejón, portavoz de la organización ecologista.
El informe de impacto radiológico se ha entregado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que elabore una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y se remitirá también al Ministerio de Industria para así obtener el permiso y seguir adelante con el proyecto. Por eso, la organización ecologista denuncia que “las prisas” por aprobar el ATC “han llevado al Consejo de Seguridad Nuclear a enviar al Ministerio de Medio Ambiente un informe con graves deficiencias”. Denuncian también que es “imposible” que el Ministerio realice una DIA “bien fundamentada basada en los datos enviados por el CSN” puesto que son defectuosos. Los ecologistas recuerdan que en septiembre de 2014 el CSN solicitó a la empresa pública encargada de gestionar el proyecto, Enresa, numerosa información y datos sobre las condiciones geológicas del terreno donde se pretende emplazar el cementerio. “Encargó prospecciones geológicas que empiezan ahora en septiembre y que están valoradas en 1,17 millones de euros más el IVA y que durarán ocho meses. Es imposible que el informe que está valorando en CSN esté completo sin haber realizado esas prospecciones”, afirma Castejón.
Por el momento quedan tres permisos pendientes para que la construcción del cementerio nuclear salga adelante: la ratificación del informe de impacto radiológico, la realización de la Declaración de Impacto Ambiental dependiente del Ministerio de Medioambiente y la autorización de construcción del cementerio elaborada por el Consejo de Seguridad Nuclear. De hecho, parece que en los últimos meses la Administración ha acelerado el proceso para lograr las aprobaciones y autorizaciones necesarias para garantizar el proyecto y así consta en el acta del Pleno celebrado el pasado 15 de julio. El escrito revela que es el propio Ministerio de Industria el que pide celeridad para realizar el informe. “La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de informe de la dirección técnica de Seguridad Nuclear a la petición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de que el CSN anticipe la evaluación del impacto radiológico del Almacén Temporal Centralizado de combustible gastado y residuos de alta actividad previsto en el término municipal de Villar de Cañas”, dice el texto.
La organización ecologista, por su parte, sostiene que la Administración pretende aprobar y regularizar el proyecto antes del próximo mes de agosto. “Pretenden sacarlo adelante ahora en julio, antes de agosto, y para ello están poniendo todos los medios. No les importa que este informe sea deficiente. Quieren dejar todo esto aprobado antes de irse de vacaciones. Por eso mismo este lunes han convocado un pleno extraordinario, para hacer la aprobación. Si por lo que sea no lo aprobasen este lunes tienen el miércoles para sacarlo adelante antes de las vacaciones. Es absolutamente impresentable”, critica Castejón. Fuentes internas de la organización aseguran que la convocatoria de plenos extraordinarios, como la de este mismo lunes, son una “práctica habitual” cuando el tema a tratar conlleva la valoración de expedientes complejos.
Los ecologistas denuncian que el Consejo de Seguridad Nuclear recibe fuertes presiones por parte del Gobierno central para agilizar los trámites de distintos proyectos, entre ellos el propio cementerio nuclear de Villar de Cañas. “Ha habido dos elementos muy importantes, uno es el asunto de la central de Garoña. El CSN permitió la modificación del reglamento de las instalaciones nucleares y radiactivas en beneficio de los propietarios de las centrales. El otro es el proceso de licenciamiento del ATC. Estamos viendo como están organizando un calendario de plenos del CSN para aprobarlo antes de agosto. Quieren aprobar un informe que desde nuestro punto de vista es defectuoso”.
Por el momento, la cantidad de dinero público destinada a la construcción del cementerio nuclear de Villar de Cañas asciende a un total de 293 millones de euros. Tal y como publicó este periódico el pasado mes de julio, entre septiembre de 2014 y mayo de 2015 Enresa lanzó seis contratos que en estos momentos se encuentran pendientes de adjudicación por valor de 256 millones de euros. Por otro lado, ya hay cuatro contratos adjudicados por valor de 34 millones de euros y dos formalizados de tres millones de euros. Y todo sin contar con los permisos pertinentes.