El Ejecutivo de Cristina Cifuentes teme que haya al menos cuatro diputados más del PP en la Asamblea de Madrid bajo la lupa del Juez Velasco. En este sentido es paradigmático el caso del exconsejero Borja Sarasola, imputado y desimputado por el juez, que ha pasado de consejero in péctore con la nueva presidenta madrileña a acabar por dejar su escaño.
Eloy Velasco ha levantado el secreto de sumario sobre buena parte de las actuaciones de la llamada ‘Operación Púnica’, pero mantiene la reserva sobre al menos un tomo más. En este estarían las últimas pesquisas logradas gracias a la confesión de David Marjaliza y de su secretaria –y cuñada del exalcalde de Vademoro– Ana María Ramírez. En estos folios del sumario es donde estarían las revelaciones de cuatro diputados más del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, cuyo nombre no se ha revelado, pero sí se sospecha.
Curiosamente el único que se ha visto señalado es Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y hombre clave en el Gobierno de Cifuentes. Taboada ha negado cualquier relación con Marjaliza y ha sido respaldado por la presidenta madrileña expresamente y en público. Pero no está tan clara la situación del resto de posibles señalados por Marjaliza ante el juez.
El Ejecutivo de Cristina Cifuentes depende de un pacto con Ciudadanos, ya que no logró mayoría absoluta en los recientes comicios. Ciudadanos se ha mostrado muy severo en cuanto a la presencia de imputados como cargos públicos, aunque estos sean electos. Sin embargo, en esta ocasión una importante figura de la formación de Albert Rivera también estaría presuntamente marcada por David Marjaliza, la diputada de la Asamblea Eva Borox. Toda esta crisis ha sorprendido a Ignacio Aguado, líder regional de Ciudadanos, de luna de miel en África.
“El juez Eloy Velasco está bordeando a lo largo de la instrucción el fuera de juego”, asegura una fuente jurídica conocedora del caso. los exconsejeros Lucía Figar y Salvador Victoria fueron imputados cuando aún gozaban de la condición de aforados, es decir, que su imputación solo podía decretarla el tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). De hecho, ambos dimitieron como consejeros cuando conocieron la intención de imputarlos por parte de Velasco, si bien Victoria fue desimputado –y vuelto a imputar– en la anomalía jurídica que creó el auto de imputación.
La intención del magistrado de la Audiencia Nacional es que la instrucción del caso no salga de su juzgado, por lo que toda imputación a aforados –como es el caso de los cuatro parlamentarios del PP aparentemente señalados por Marjaliza– quedará retrasada hasta que no quede otro remedio.
Tras casi nueve meses en prisión David Marjaliza, empresario, constructor, íntimo amigo y socio de Francisco Granados, decidió colaborar con la Justicia. De manera absolutamente discreta acudió hasta en 11 ocasiones a declarar ante el juez Velasco. Su secretaria y persona de máxima confianza, Ana María Ramírez, cuñada del exalcalde de Valdemoro, siguió el ejemplo de su jefe y decidió declarar voluntariamente ante el juez. La mayor parte de lo que declararon sigue oculto bajo el decreto de secreto de sumario.
Borja Sarasola fue consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el último Gobierno de Ignacio González. Además fue señalado públicamente por este como coordinador de la campaña que tenía que llevar a González a ser proclamado candidato del PP para Madrid. Frustrada esta posibilidad, Sarasola, aún hoy presidente del Comité Electoral del PP, se integró sin más dificultades en el equipo de Cifuentes, algo que no sucedió con casi ningún otro colaborador de Ignacio González. De hecho, ningún consejero ha repetido en el Gobierno de Cifuentes. Yerno de Pedro Antonio Martín Marín –su esposa, Pilar Martín trabaja en el canal de Isabel II, empresa pública de Madrid–, Sarasola era uno de los posibles jóvenes valores del PP de cara al futuro, y logró un puesto relevante en la lista para la Asamblea que encabezaba Cifuentes. Hoy está a la espera de las decisiones que tome Eloy Velasco.