El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado este jueves a los sindicatos de la función pública que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, que el Consejo de Ministros aprobará mañana, incluirá un incremento salarial del 1% para los empleados públicos.
Se trata de la primera mejora salarial después de seis años en los que el poder adquisitivo perdido por los empleados públicos ha superado el 20%, según las centrales. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aplicó en 2010 una rebaja salarial del 5% de media, a la que han seguido otros cinco años de congelación.
Así se lo ha hecho saber el titular de Hacienda a los sindicatos en un encuentro previo a la celebración de la Mesa de Negociación de las Administraciones Públicas, en el que también les ha confirmado que ya este mes de septiembre se devolverá a los empleados públicos, en aquellas administraciones en las que haya disponibilidad presupuestaria, otro 25% de la paga extra que se les quitó en 2012, con lo cual a final de este ejercicio ya habrán recuperado un 50%.
El 50% restante se les abonará en 2016 en dos pagos, uno en marzo y otro en septiembre, también en la medida en que las arcas de las administraciones lo permitan.
Además, la tasa de reposición de los empleados públicos que causen baja se descongelará con carácter general y se elevará al 50% y pasará del 50% al 100% en los servicios esenciales (lucha contra el fraude, educación, sanidad o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado), entre los que se ahora se incluirán también el personal de las instituciones penitenciarias, el servicio público de empleo estatal (SEPES) y servicios sociales.
Se devolverán los días de libre disposición suprimidos
Por otro lado, Hacienda también devolverá en 2016 el día de libre disponibilidad ('moscoso') pendiente, de los tres suprimidos, con lo que los empleados públicos contarán otra vez con los seis días anuales disponibles antes de la crisis. En cuanto a los días libres por antigüedad ('canosos'), los empleados públicos podrán disfrutar de uno a partir de ocho trienios, de dos con 10 trienios y del tercero con 12 trienios.
Estas medidas afectarán a los empleados públicos de todas las administraciones, que aglutinan a un total de 2,5 millones de personas, de los que sólo 214.831 personas, el 8,4% del total, pertenecen a la Administración General del Estado (AGE).
Posteriormente, a la mesa de negociación de las Administraciones Públicas, a la que ha acudido el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, también han acudido los representantes de las comunidades autónomas, que tendrán que aplicar estas mejoras salariales y las nuevas tasas de reposición en sus respectivas administraciones en un momento en el que los objetivos de déficit a cumplir siguen poniendo coto a su gasto público.
Satisfacción y críticas entre los sindicatos
Tras la reunión de la mesa de negociación, los representantes sindicales han señalado que estas disposiciones son sólo una propuesta del Gobierno, y que hasta que finalice la tramitación parlamentaria de los Presupuestos, que prevén en la tercera semana de octubre, «hay margen de negociación».
El presidente del sindicato de funcionarios CSI-F, Miguel Borra, ha señalado que «la presión de 2,5 millones de empleados públicos ha dado su fruto». «El Gobierno ha movido ficha en la dirección correcta, aunque no todo lo que nos hubiera gustado», ha añadido.
En cuanto a la descongelación de los salarios, Borra ha señalado que es un paso «positivo», pero ha indicado que, dado el esfuerzo desplegado por los funcionarios durante la crisis, el 1% es una subida salarial «muy exigua».
Por otro lado, Borra ha celebrado que Montoro se haya comprometido a abrir un nuevo periodo de diálogo social, de forma que antes de que termine la tramitación parlamentaria de los Presupuestos se podría negociar también sobre Incapacidad Temporal en el servicio público y promoción interna.
Preguntado por si confía en que las administraciones puedan cumplir el calendario de devolución de la paga extra, Borra ha señalado que, dadas las mayores disposiciones de liquidez de las que disfrutarán las comunidades autónomas en 2016, «van a ser capaces».
Por su parte, el coordinador del Área de Administraciones Públicas de CC.OO., Antonio Cabrera, ha dejado claro que estos avances propuestos por el Gobierno no cuentan de momento con el acuerdo de los sindicatos, sino que son una decisión unilateral del Ejecutivo.
Así, desde CC.OO se exige al Gobierno un compromiso para que los funcionarios recobren «todos» los derechos perdidos durante la crisis en próximos ejercicios, incluida la bajada de suelo de 2010. Cabrera también ha insistido en volver a la jornada de 35 horas semanales en el sector público y en hacer que la devolución de la paga extra sea «obligacional» en todas las administraciones.
El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), Julio Lacuerda, ha dicho que «si la intención del Gobierno es revertir los sacrificios de los empleados públicos, la única manera de hacerlo es reestableciendo el diálogo social».
Dicho esto, ha indicado que si la subida salarial no supera el 1%, la posición de UGT «será de confrontación», con lo que también ha negado que estos avances sean fruto del acuerdo entre las partes. «No queremos cortinas de humo sobre la paga extra», ha añadido para criticar que se supedite su recuperación a la disponibilidad presupuestaria.