El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes cesar de su cargo a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio, imputada recientemente por el caso que investiga el proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla.
Así lo han comunicado en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, y el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, quienes ha precisado que la citada plaza no será cubierta hasta que finalice el proceso judicial.
Es más, el Gobierno andaluz confía en que Asensio, que puso su cargo a disposición tras ser imputada, pueda volver a ocupar esta responsabilidad «si todo se aclara» y deja de estar imputada tras prestar declaración judicial el próximo 17 de septiembre.
Fue la pasada semana cuando la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, que investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, en detrimento de Emerita Resources España, imputaba en la causa por un presunto delito de prevaricación a siete personas, entre ellas a Asensio.
Jiménez Barrios, que ha querido dejar claro que «no se está investigando un caso de corrupción», ha señalado también que el Gobierno andaluz cumple con este cese con «la palabra dada» de que no haya ningún alto cargo de la administración andaluza imputado, un compromiso adquirido por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en su discurso de investidura.
«Quienes estos días han reclamando el cese de Asensio sabían cuál iba a ser nuestra respuesta«, ha señalado el vicepresidente de la Junta, quien ha negado que dicha destitución sea fruto del acuerdo anticorrupción que el PSOE-A firmó con Ciudadanos (C's) para facilitar la investidura de Díaz como presidenta de la Junta.
Durante su intervención, el número dos del Gobierno andaluz, que ha presidido el Consejo de Gobierno, ante la baja de maternidad de la que disfruta la presidenta, ha puesto en valor el trabajo de la hasta ahora directora de general de Industria, Energía y Minas de la Junta, así como del resto de los técnicos.
«Han dado durante todo momento muestras de solvencia y de buen hacer», ha subrayado Jiménez Barrios, quien también ha señalado que el Gobierno andaluz tiene la confianza en que todo el proceso de adjudicación de la mina se ha hecho con «transparencia y claridad» y cumpliendo con la legalidad.
De hecho, según ha precisado, han sido tres los informes elaborados por la Junta (jurídico, económico y técnico) que así lo avalan. «Siempre se ha actuado conforme a la legalidad», ha subrayado el vicepresidente, apuntando que la Junta respeta las decisiones judiciales y colabora «estrechamente» con la Justicia.
Preguntado sobre si debería crearse una comisión de investigación sobre este asunto, ha respondido que la Junta dará todos las explicaciones que se le pidan «sin ninguna duda». «Una y otra vez», ha añadido, deseando que otras formaciones como el PP actúen de la misma forma que lo hace el Gobierno andaluz.
Tras resaltar que la Asociación de Empresas de la Minería ha avalado el trabajo de Asensio, el vicepresidente de la Junta ha manifestado que la subdirectora general de Industria, Energía y Minas de la Junta asumirá las funciones durante el tiempo que esté vacante la plaza de Asensio, por lo que no habrá ningún tipo de vacío.
También ha apuntado, a preguntas de los periodistas, que Asensio asumirá las costas de su defensa pero que, en el caso de que resulte absuelta, la Junta se los abonará posteriormente. Además, ha destacado que existen «muchas diferencias» entre los dos últimos autos judiciales sobre este asunto.
«En el último de ellos se habla de posible prevaricación, pero ya no de cohecho, malversación o negociaciones ilegales vinculadas al concurso», ha manifestado Jiménez Barrios, que ha mostrado el deseo del Gobierno andaluz de que todas las dudas sobre esta adjudicación se aclaren.
En lo que se refiere a la petición del alcalde de Aznalcóllar (Sevilla), Juan José Fernández, de que la Junta abra la mina sin esperar a la resolución judicial, el vicepresidente ha considerado «razonable» este planteamiento porque responde «a la demanda de un pueblo, que es la misma que la del Gobierno andaluz». No obstante, ha recordado que la Junta tiene que actuar conforme a lo que marca la ley.