El Gobierno vasco ha encargado un «estudio sobre un nuevo estatus político» para Euskadi, un trabajo que costará casi 20.000 euros y que elaborará la empresa Kualitate Lantaldea. En la actualidad, una ponencia del Parlamento autonómico analiza ya la posibilidad de modificar el marco jurídico político del País Vasco.
Los datos en torno a la contratación de este informe figuran en una solicitud de información al Ejecutivo registrada por el PSE-EE en el Parlamento vasco, recogida por Europa Press, que solicita «el expediente completo del contrato» y una copia íntegra del trabajo realizado.
El informe, según este mismo escrito, ha sido encargado por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno autonómico a la empresa Kualitate Lantaldea. El contrato ha sido adjudicado por 19.907 euros.
Esta empresa realizará un 'Estudio sobre el nuevo estatus político' de Euskadi, una materia que ya está siendo objeto de análisis por una ponencia del Parlamento vasco.
Esta ponencia terminó el pasado 27 de mayo su primera fase de trabajo, tras la comparecencia de una treintena de expertos y dirigentes institucionales, entre ellos los exlehendakaris Jose Antonio Ardanza, Juan José Ibarretxe y Patxi López.
Impacto de la independencia
Una vez terminada esa fase inicial, este foro se encuentra a la espera de recibir diversa documentación solicitada por los grupos parlamentarios, entre la que se encuentran informes sobre el impacto económico de una eventual escisión de Euskadi del resto del Estado español.
Una vez recabados estos estudios y elaborado un informe sobre las comparecencias por parte de la presidenta de la Ponencia, Jone Berriozabal (PNV), se abrirá una nueva fase de trabajo. Será en ese momento cuando cada partido plantee su propuesta respecto a los posibles cambios en el autogobierno y en el estatus político de Euskadi. Todavía se desconoce si este foro parlamentario culminará su labor antes de las elecciones autonómicas de 2016.
Hasta la fecha, las comparecencias de expertos y exdirigentes ante la ponencia no han deparado grandes novedades respecto al debate sobre el autogobierno vasco y el llamado 'derecho a decidir'.
De esa forma, el exlehendakari Juan José Ibarretxe (PNV), en su comparecencia del pasado 15 de abril, afirmó que Euskadi, junto a otros territorios como Cataluña, Escocia o Quebec, serán «naciones independientes reconocidas por la ONU para el año 2030». Además, advirtió de que, «si no se acepta el derecho a decidir» de vascos y catalanes, se producirá una «declaración unilateral de independencia».
«Pacto entre diferentes»
En una sesión anterior, el exlehendakari José Antonio Ardanza, también del PNV, aseguró que la resolución del «contencioso» político de Euskadi sólo llegará a través de un «pacto entre diferentes», ya que es la única forma de evitar «un choque» entre la «identidad» vasca y la española. Además, advirtió de que, «por mucha Ley y mucha Constitución que se imponga», no se logrará que, quienes así lo sienten, «renuncien a Euskadi como su patria y nación».
El exlehendakari socialista Patxi López, por su parte, mostró en la ponencia su rechazo a que autonomías como Euskadi o Cataluña puedan ver reconocido el «derecho a decidir la independencia», ya que esta opción podría generar «fractura social».
«Suma o gractura»
En su lugar, defendió la propuesta del PSOE sobre una reforma constitucional orientada al diseño de un Estado federal, algo que considera la «evolución lógica» del actual modelo de Estado descentralizado. El federal, según dijo, es un modelo «de suma» y no de «fractura».
El actual presidente del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, no ha comparecido ante este foro. No obstante, en sus intervenciones públicas, ha defendido la necesidad de consensuar en Euskadi «un nuevo estatus político» que reconozca «la nación vasca» y una relación bileteral entre Euskadi y el Estado. A su juicio, «es tiempo de crecer en el autogobierno» para «transitar de un fallido Estado de las autonomías a una Europa de estados plurinacionales».