Hace años que varias formaciones políticas lo reclaman con ahínco. Para muchos, el control del incendio desatado en Cataluña por los independentistas pasa por esta solución. Hasta el momento, la respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy siempre había sido la misma: sí a una reforma constitucional, siempre y cuando hubiera un consenso en torno a lo que hacer. Dicho esto, aseguraba que las propuesta de los distintos partidos eran tan inconcretas y dispares que el diálogo era “imposible”; y así zanjaba la polémica cuestión.
Hoy, a menos de dos meses de las elecciones catalanas y a menos de cuatro de las generales, la postura del Partido Popular ha comenzado a cambiar. Renovarse o morir. Las encuestas alertan del fin de la mayoría absoluta; y los conservadores cada vez son más conscientes de que le tocará llegar a acuerdos si quiere continuar ocupando el Palacio de la Moncloa. El pasado jueves, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, fue el primero en abrir este melón en una entrevista concedida a Europa Press; y al día siguiente, fue el propio presidente del Gobierno, tras el primer despacho de este verano con el Rey Felipe VI en Mariventel, el encargado en ratificarlo.
Se trata de una reforma “limitada”, pero el Ejecutivo ‘popular’ ya contempla algunos aspectos que estaría dispuesto a modificar: una “mejor” delimitación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas, modificación de la actual preferencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de la Corona, la supresión del aforamiento de los diputados autonómicos y el reconocimiento de derechos de nuevo cuño. Formaciones como Podemos e Izquierda Unida proponen cambios más radicales, pero esto constituiría un primer paso que al menos le permitiría entablar diálogo con los socialistas, cuyo enfoque, aunque más amplio, coincidiría en algunos puntos.
El PSOE y su modelo federal
Los socialistas llevan desde 2013 definiendo su nueva propuesta de modelo territorial. Comenzaron a confeccionarla con la Declaración de Granada de julio de 2013. Y actualmente sigue trabajando en ella su comité de expertos constitucionalistas, cuya idea inicial era presentar una propuesta concreta en el próximo programa electoral, pero que al final se pospondrá hasta la discusión que el Gobierno avanzó que existirá a partir de la próxima legislatura.
Lo que hasta el momento sabemos es que el PSOE, al igual que el PP, apuesta por la clarificación de competencias. Los socialistas proponen a este respecto un solo listado con las competencias exclusivas del Estado, entendiendo que todas las demás corresponden a las comunidades. Además, apuestan por el reconocimiento de los “hechos diferenciales” como la lengua, la insularidad o el modelo fiscal; aunque no tienen intención de añadir ninguno más. El PSOE también aboga por la reforma del Senado. Entre sus propuesta destacan: reducir el número de senadores, y suprimir la función de Cámara de segunda lectura para las leyes. Además, también aboga por un nuevo modelo de financiación, por reforzar la igualdad de acceso a los servicios básicos, incorporar la ley de Dependencia a la Constitución, prohibir las amnistías fiscales, reforzar la igualdad entre hombres y mujeres (derecho de paridad), no discriminar en el acceso a la Jefatura del Estado por cuestión de sexo, prohibir la pena de muerte, incluir el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, y limitar el aforamiento.
Izquierda Unida y recuperar la “esencia de la República”
El candidato de IU a La Moncloa apuesta por “cambiar absolutamente todo” de la Constitución de 1978. Y en especial el concepto de soberanía nacional, que IU cambiaría por el de soberanía popular, tal y como sí figura en la Constitución republicana de 1931. Así, los cambios que esta formación propone son significativamente más radicales que los discutidos por el PP y PSOE.
Para empezar, IU cambiaría el modelo del Estado que consistiría en una república federal. Eso sí, plantearía un referéndum sobre la Jefatura del Estado previo a la reforma constitucional. Además, eliminaría de la Constitución la referencia a la “unidad indisoluble de la nación española” y apostaría por incluir el reconocimiento del derecho de autodeterminación. En cuanto a la fiscalidad, apuesta por la eliminación de todos los privilegios a este respecto.
Así pues, IU también apuesta por modificar la Carta Magna para constitucionalizar la Ley de plazos del aborto, para declarar a España como un Estado laico y para eliminar el artículo 155 que permite al Estado suspender una autonomía si actúa contra las leyes o contra el interés general.
Fuerzas emergentes: entre el inmovilismo y el cambio radical
Y en lo que a las nuevas formaciones políticas respecta, la postura no podía ser más antagónica. Ahora que el PP se ha plegado al deseo mayoritario de reformar la Constitución, Ciudadanos se apodera de su discurso y pide al PP que concrete qué quiere, con qué objetivo y con quién quiere pactarla. Los de Albert Rivera insisten, como antes también hacía el PP, que ellos no se oponen a una reforma de la Constitución, aunque tienen otras prioridades: un pacto nacional de Educación, una reforma electoral para que todos los votos valgan lo mismo, una nueva ley de partidos y una separación real de poderes.
Podemos, por su parte, apuesta por principios muy similares a los de IU –laicidad, derecho a decidir, sí al aborto y ampliar el concepto de derechos fundamentales (comida, agua, luz, vivienda…), aunque añade ideas nuevas. Los de Pablo Iglesias abogan también por eliminar el artículo 96 de la Constitución que supone una cesión de soberanía a través de los Tratados Internacionales. Apuestan por un órgano independiente para controlar las cuentas del Estado. Y consideran necesario limitar la estatalización de las deudas privadas y controlar los servicios estratégicos como las banca y la energía.