El Ayuntamiento de Recas (Toledo) ha pedido a la ONG Mensajeros de la Paz que reabra «cuanto antes» el comedor social que tiene en esta localidad, asegurando que esta ONG ha tomado la decisión de cerrarlo «sin tan siquiera mantener un encuentro para saber el contenido real de las intenciones del Ayuntamiento».
La alcaldesa de Recas, Laura Fernández, emplaza a la organización a mantener un encuentro para formalizar un acuerdo. Por su parte, el presidente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel García, ha asegurado a Europa Press que está dispuesto a reunirse con la alcaldesa «mañana mismo».
El Consistorio ha matizado en un comunicado que la «posibilidad» de estudiar la exigencia del empadronamiento para acceder a este comedor era debido a la intención de «llevar un control riguroso y justo del servicio que se presta».
En este sentido, desde el equipo de Gobierno han explicado que «el requisito del empadronamiento no tiene nada que ver con la condición o no de inmigrante», alegando que «en Recas hay inmigrantes empadronados, incluso en situación de irregularidad».
Por ello, ha mantenido que «los que no quieran empadronarse no es por su condición de inmigrante, sino simplemente vecinos de otras localidades que vienen a Recas a disfrutar de servicios sociales por la dejadez de otros municipios e instituciones«.
El Ayuntamiento ha manifestado también que «hay usuarios que disponen de medios económicos suficientes y están enviando a sus hijos al comedor social de Recas», un hecho que ha ocasionado «numerosas quejas». Por ello, han insistido en que su intención es «velar por la correcta atención social a quien verdaderamente lo necesite y que pueda ser sostenible económicamente por el Ayuntamiento».
Finalmente, el equipo de Gobierno de Recas ha apuntado que «mientras persista la decisión de Mensajeros de la Paz de cerrar el comedor social, el Ayuntamiento ha dispuesto un Plan de Actuación» que «no consiste sólo en medidas para facilitar el acceso a alimentos, sino a garantizarlo en el futuro, como redirigir a los usuarios al comedor del colegio de la localidad».
Por ello, ha instado a los padres de niños usuarios del comedor social a que «hagan una solicitud formal de plaza en el comedor del colegio», afirmando que el Ayuntamiento «ya ha recibido al menos veinte de estas solicitudes formales«.
Pedir el documento de empadronamiento
El padre Ángel ha explicado que mantuvo tres reuniones con el equipo de gobierno de Recas y que le transmitieron que una de las condiciones para mantener en funcionamiento el comedor de Mensajeros de la Paz era que los niños atendidos estuvieran empadronados.
Según el fundador de la ONG, el comedor social se puso en marcha hace dos años a raíz de la petición de un cura de Recas y del anterior alcalde, que era del PSOE. Ahora, según apunta, la nueva alcaldesa, del PP, pide que estén empadronados para que no vayan «okupas» al municipio. En cualquier caso, el sacerdote se ha negado a pedir el documento de empadronamiento cuando el comedor reabra en septiembre.
El padre Ángel ha afirmado que guarda esperanzas en que el diálogo pueda llevar al entendimiento entre Ayuntamiento y ONG porque, a su juicio, «es de sentido común» que no se puede negar la comida a los 68 niños que acuden a diario a este comedor, de los que solo unos ocho no estarían empadronados. En caso de no llegar a acuerdo, según ha precisado, Mensajeros de la Paz buscaría otra alternativa para seguir ofreciendo este servicio.
Por el momento, el presidente de la ONG ya ha escrito al presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y a María Dolores de Cospedal, para comunicarles la situación aunque aún no ha obtenido respuesta, según añade.
Críticas a la alcaldesa
Mientras, la Red Española de Inmigración ha condenado el «cierre» del comedor social y ha pedido a la Junta que «se implique directamente para garantizar que no se pierda este servicio público y altruista».
El portavoz de la Red, David Fernández, ha criticado la «actitud xenófoba» de la alcaldesa, asegurando que «ha impuesto una visión personalista y sesgada» y ha mantenido que la plataforma estudiará personarse «en el expediente administrativo» para «conocer las vías que ha seguido el consistorio para revocar los permisos, así como para imponer su visión particular del uso de instalaciones».
Precisamente, ante estos calificativos, el Ayuntamiento ha indicado que es «un error» usarlos contra la alcaldesa pues, según defiende el consistorio, Laura Fernández «se dedica profesionalmente a la defensa letrada de casos de inmigración, ha prestado apoyo a inmigrantes desinteresadamente y ha tramitado como abogada numerosas solicitudes de nacionalidad y reagrupaciones familiares».