La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha criticado este martes mediante un comunicado la decisión del Gobierno de autorizar al exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce para incorporarse al bufete de abogados Garrigues sin respetar el plazo de dos años de incompatibilidad que contempla la Ley tras el cese de altos cargos.
Según APIF, parece «enormemente preocupante» la decisión de la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Gobierno, de permitir la incorporación del anterior Fiscal General del Estado a un despacho de abogados.
«Es curiosa en primer lugar la fecha en que se adopta, idónea para disminuir el impacto público de la noticia al conocerse en mitad de agosto», considera esta asociación de fiscales, tras recordar que trata de un Fiscal General que ahora mismo no habría agotado el plazo legalmente establecido de permanencia en el cargo «como garantía de independencia en su función».
Añade APIF que, «después de su inexplicada dimisión», Torres-Dulce «obtiene un beneficio gubernamental de gran importancia» que no consideran justificado.
«Creemos que el Fiscal General del Estado es la figura clave para garantizar la aplicación de la ley, decisivo en las estrategias de la Fiscalía en la lucha contra el terrorismo, la corrupción, en las luchas contra los fraudes financieros -que han afectado estos años a importantísimas entidades bancarias-, y además de ser quien decide nombramientos claves en la Fiscalía», añaden los fiscales independientes.
Depositario de secretos
Por otra parte, APIF recuerda que Torres-Dulce «es depositario de secretos, de aspectos fácticos de las investigaciones que no deben ser conocidos y que son inherentes a su cargo, conoce de las opiniones que se vierten en las juntas de Fiscalía, de los pareceres de todos los fiscales a quienes quiere consultar».
Por ello, subrayan que desde el Gobierno se considere «que no hay inconveniente en no respetar el plazo de dos años de incompatiblidad después del cese para trabajar en un despacho de abogados obliga a reflexionar sobre las causas de su cese en el cargo, los silencios sobre las mismas y pone de manifiesto la necesidad de instaurar un código ético en la Fiscalía«.
Todo ello, concluyen, no beneficia nada la imagen de la Fiscalía y la necesaria autonomía respecto del Gobierno, y por ello la esta asociación lamenta profundamente la decisión adoptada.
Torres-Dulce cesó el pasado 19 de diciembre, antes de que concluyera su mandato. Alegó motivos personales, si bien desde diferentes ámbitos se apuntó a su falta de sintonía con el Gobierno como causa esencial de su decisión.