El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha expresado este miércoles la «gran satisfacción» del Ministerio del Interior ante el archivo de la causa abierta en un juzgado melillense contra ocho guardias civiles por los golpes que propinaron a un inmigrante que intentó saltar la valla fronteriza el pasado 15 de octubre.
En una declaración a Europa Press, Martínez ha afirmado que el archivo «es la decisión justa en el actual contexto de dificultad» en el que los agentes defienden las fronteras españolas «con exquisita prudencia y equilibrio entre la legalidad y el sentido humanitario» que «caracteriza» sus intervenciones.
Asimismo, ha incidido en que el juzgado ha dictado sobreseimiento provisional «frente a quienes se han empeñado en todo momento en cuestionar esa tarea y frente a quienes, con un cinismo extremo, han sembrado dudas sobre la actuación de la Guardia Civil, solicitando dimisiones».
Para el secretario de Estado, el archivo «es la decisión justa en el actual contexto de dificultad» en el que los agentes defienden las fronteras españolas «con exquisita prudencia y equilibrio entre la legalidad y el sentido humanitario».
«Este Gobierno siempre ha respaldado la labor de la Guardia Civil en nuestras fronteras; una labor que en estos días cobra especial valor, cuando toda Europa es consciente de la dificultad de gestionar los flujos migratorios y las situaciones especialmente complejas que se generan», ha apuntado.
En esta línea, ha defendido que «los guardias civiles que prestan servicio en la frontera de Melilla están sometidos a una fuerte presión, a pesar de lo cual cada día defienden con eficacia la legalidad de las fronteras de España y de la Unión Europea, con pleno respeto a nuestro ordenamiento jurídico y al Derecho europeo».
El Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla ha dictado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra los mencionados ocho agentes por presuntos delitos de lesiones y de trato degradante por falta de acervo probatorio, ya que cómo explica el auto que firma Emilio Lamo de Espinosa, tanto las supuestas víctimas como los testigos fueron devueltos sobre la marcha a Marruecos y ha sido imposible localizarles y tomarles declaración. Considera que «siguen existiendo indicios de delito», aunque son «insuficientes» para abrir juicio oral.