La Policía Local de Vitoria ha multado con 200 euros a un ciudadano por increpar en marzo al entonces alcalde de la capital y actual vicesecretario del PP, Javier Maroto, al que llamó «sinvergüenza».
El expediente sancionador hace referencia a la recogida de firmas celebrada el pasado 7 de marzo en el centro comercial Boulevard de Vitoria durante una recogida de firmas para llevar a la Cámara vasca su propuesta de endurecimiento del acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
Según el expediente, el ciudadano se acercó a Maroto para llamarle «sinvergüenza» y acusarle de «no tener vergüenza» al pedir firmas tras haber saltado el denominado 'caso de los alquileres de San Antonio', por el que el entgonces alcalde y su antecesor, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, están siendo investigados por el Tribunal de Cuentas.
Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que este expediente continúa su tramitación y el afectado puede recurrirlo por la vía contencioso administrativa.
El ex regidor del PP acompañó durante el pasado mes de marzo a los voluntarios de la plataforma 'Ayudas+Justas' que recogían firmas para respaldar la Iniciativa Legislativa Popular con la que proponían endurecer los requisitos de acceso a la RGI con medidas como la exclusión de esta prestación a las personas sin permiso de residencia, a quienes no lleven cinco años empadronados en Euskadi y a otros colectivos.
Maroto reconoció a los medios de comunicación que había tenido enfrentamientos con varios ciudadanos durante esas jornadas de recogida de firma, pero las calificó de «anécdotas», y aseguró que no había dado órdenes a sus escoltas para que se sancionara a las personas que se enfrentaran a él verbalmente. No obstante, afirmó que «llamar racista a una persona es un delito».
Otro vitoriano llegó a presentar en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) una denuncia contra el exalcalde de la ciudad, por «amenazarle con una multa de 350 euros» por negarse a firmar a favor de la campaña para endurecer los requisitos de acceso a la RGI, tras responder a Maroto que su propuesta inducía al «racismo».
Sin embargo, el caso fue archivado por el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, al considerar que había dos versiones contradictorias sobre los hechos y que no se podían «dar por probadas» las palabras que, según el denunciante, le dijo el entonces alcalde.