El Gobierno no se da por vencido y realizará estudios adicionales sobre el almacenamiento subterráneo de gas construido en la costa de Castellón, a pesar de las reprimendas de Bruselas, la multitud de seísmos que provocaron las primeras prospecciones y el cargo adicional que costearán los propios ciudadanos en su factura de gas. Después de anunciar la “hibernación” del proyecto y que la empresa Escal renunciara a la concesión, el Ministerio de Industria reconoce por escrito a través de una respuesta parlamentaria en pleno mes de agosto que no renuncia al desmantelamiento de Castor y anuncia que intentará seguir adelante para poner en marcha el almacenamiento.
Ante la pregunta de Lourdes Ciuró, diputada de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), sobre el coste del proyecto que tendrán que abonar los ciudadanos, el Ejecutivo sostiene que es “necesario realizar estudios adicionales” porque el “proyecto mantiene su interés estratégico para España”. “La hibernación de estas instalaciones ya construidas permitirá su futura explotación siempre que se realicen los estudios técnicos necesarios que garanticen la seguridad”, dice el texto redactado por el Gobierno. Será Enagás Transporte SAU la compañía que se ocupe de realizar los nuevos análisis.
Los ecologistas, por su parte, denuncian la intención del Gobierno y creen que su respuesta es “contradictoria” y “carece de sentido”. Desde Greenpeace creen que se trata de un “nuevo despropósito del ministro” puesto que “las condiciones geotécnicas del emplazamiento no han cambiado”. “Reanudar las operaciones de reinyección de gas conllevaría, con toda seguridad, la reactivación de la sismicidad en la zona que motivó el cierre del almacén subterráneo”, afirma la organización ecologista a través de su página web. Por otro lado, sostiene que las inminentes elecciones generales juegan un papel clave en las decisiones tomadas por el Ejecutivo, además del sobre coste que pagarán los ciudadanos en su factura de gas. Ecologistas en Acción señaló al proyecto Castor como uno de los principales “problemas” del litoral valenciano, “puesto en marcha sin estudios profundos de sismicidad y paralizado por los movimientos sísmicos que generaba, con la indemnización de millones de euros a la empresa ACS”.
Hasta el momento, el coste del almacén de gas submarino supera los 4.000 millones de euros y serán los propios contribuyentes los que deberán afrontar el gasto. El plan fue aprobado en el año 2008, arrancó en el 2012 y fue impulsado por Escal UGS –participada por ACS en un 66,6%- la compañía concesionaria. Poco después del inicio del proyecto, una cadena de más de 400 seísmos de baja magnitud afectaron a la provincia de Tarragona y Castellón. A finales de 2014 el proyecto fue, en principio, clausurado. El Consejo de Ministros aprobó entonces, a través de un Real Decreto Ley el cese del proyecto además de una compensación económica de 1.350 millones de euros para la empresa Enagás presidida por Florentino Pérez. El importe de la indemnización debe asumirlo la compañía, transportista de gas, y el sistema gasista, es decir, los contribuyentes a través de su factura de gas. El empresario recibió el total de la indemnización en apenas un mes. Por su parte, Greenpeace denunció que la cantidad total de la ‘compensación’ se podría haber destinado a la concesión de once millones de becas de comedor escolar o la construcción de cuarenta hospitales. La organización apuesta por un cambio del modelo energético que deseche las “energías sucias” para incentivar otro basado en el ahorro y las energías renovables. Recuerda que hace cuatro años España fue líder mundial en este tipo de energías.
Imputados y aviso de Bruselas
Según el Ejecutivo, los informes emitidos por el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Minero de España “no permiten aún emitir una conclusión definitiva” sobre los seísmos que han afectado a la zona y por eso justifica la necesidad de realizar “una serie de estudios adicionales de cuyo conocimiento deberá obtenerse la información precisa para decidir”.
Sin embargo, el pasado mes de enero el juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) abrió una causa por presuntas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor y decidió imputar a un total de 18 personas por supuesta prevaricación medioambiental y contra el medioambiente y los recursos naturales, tras una denuncia impuesta por la Fiscalía. La denuncia de la Fiscalía se dirige, en concreto, contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto, y también a la mercantil Escal UGS. Además, el Parlamento Europeo también ha solicitado la realización de una investigación sobre el caso ‘Castor’. La Eurocámara ha criticado tanto a la Comisión Europea como al Banco Europeo de Inversión por su evaluación del proyecto y exige la búsqueda de soluciones para que no sean los contribuyentes los que tengan que afrontar la deuda de compensación a la compañía ACS.