El juez de a Audiencia Nacional Ismael Moreno, en funciones de guardia, ha accedido a la petición de la Fiscalía de este órgano de reabrir la causa por el asesinato en 2001 del presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad y ha cursado una Orden Europea de Detención (OED) que facilite la entrega por Francia del miembro de ETA Mikel Carrera Sarobe 'Ata', presunto autor de los disparos. El hijo del mandatario, que era un niño cuando asesinaron a su padre en su presencia, le habría reconocido fotográficamente.
Fuentes fiscales han informado este viernes que la petición de reapertura se realizó el pasado lunes y fue aceptada por el juez de guardia, pese a que la causa corresponde a Santiago Pedraz, que será el encargado de poner fecha a las diligencias aceptadas cuando regrese de su descanso vacacional.
Entre estas diligencias está el interrogatorio de 'Ata', preso en Francia, a quien se le someterá también a una rueda de reconocimiento. También se ha aceptado citar al hijo de Giménez Abad para que ratifique ante el juez la diligencia de reconocimiento fotográfico
Doctrina del Tribunal Supremo sobre reconocimientos
Se trataba de uno de los casos de asesinatos de la banda ETA aún sin resolver, según las fuentes fiscales, que han explicado que su petición se fundamenta en una reciente sentencia del Tribunal Supremo, cuyo ponente fue Cándido Conde-Pumpido y que permitió la repetición del juicio y posterior condena del etarra Beinat Aguinagalde por el asesinato del exconcejal socialista Isaías Carrasco.
La citada sentencia validaba que pudiera tenerse como prueba contra Aguinagalde la declaración de un testigo protegido que había identificado al autor del asesinato. En el primer juicio esta prueba no se consideró pero, tras ordenarlo el Supremo, fue clave para condenar al asesino de Carrasco el pasado mes de junio a 32 años de prisión.
En dicha sentencia se apreció una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de las acusaciones al quedar excluida de forma no motivada como prueba de cargo la identificación fotográfica que hizo una testigo del acusado.
El Supremo señalaba en esta resolución que la gravedad de los hechos –un atentado terrorista con una víctima mortal– exigía «una valoración muy minuciosa y detallada de la prueba de cargo concurrente, sin recurrir a fórmulas estereotipadas ni excluir de la valoración pruebas de cargos legalmente válidas».
Esta doctrina ha sido utilizada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y acogida por el juez Moreno, para fundamentar la reclamación a Francia y decretar la práctica de las pruebas dirigidas a esclarecer el crimen.
El asesinato del político 'popular' se produjo un domingo 6 de mayo de 2001 cuando acudía en compañía de su hijo Borja al estadio de fútbol de La Romareda a ver un partido del Real Zaragoza. En el camino, a la altura de la calle Cortes de Aragón, se cruzó un terrorista que, a cara descubierta, le asestó tres disparos por la espalda causándole la muerte.
El dirigente había rechazado llevar escolta a pesar de su cargo. Tenía 52 años cuando fue asesinado y dejó una mujer, Ana Larraz y dos hijos, Borja y Manuel.