El proyecto Castor, las dudas sobre el cementerio nuclear de Villar de Cañas, las adjudicaciones para realizar ‘fracking’ o el ‘impuesto al sol’ son algunos de los sucesos más polémicos de la legislatura. Estrella Digital repasa los diez desastres medioambientales más controvertidos de estos últimos cuatro años.
El ‘fracking’ o la fiebre del gas
El Gobierno ha adjudicado a las empresas que lo han solicitado 23 concesiones de explotación y 67 permisos de investigación. Ese es el mapa del ‘fracking’ en nuestro país y podría incluso crecer puesto que todavía quedan 67 permisos más pendientes de aprobación. De todas las licencias requeridas tan solo una ha sido suspendida. El Ministerio de Industria y varias comunidades autónomas han abierto la puerta al ‘fracking’, una nueva técnica de extracción de gas y petróleo de yacimientos no convencionales. El método, también conocido como fractura hidráulica, consiste en realizar cientos de pozos e inyectar millones de litros de agua cargados con un cóctel químico para provocar una fractura y así extraer los recursos.
El ‘fracking’ ha provocado el rechazo de numerosos ayuntamientos, comunidades autónomas y organizaciones políticas y ecologistas que sostienes que puede provocar daños para la salud y el medio ambiente. Los ecologistas afirman que pueden producirse riesgos durante la perforación, posibilidades de que los acuíferos y el aire sufran contaminación, terremotos, ocupación del terreno y especulación económica. Todos los partidos políticos, salvo el Partido Popular, han mostrado su rechazo a esta práctica. Aun así, el Ejecutivo de Mariano Rajoy insiste en implantar la técnica. El pasado mes de abril el Gobierno dio luz verde al proyecto de ley que modifica la actual normativa de hidrocarburos que consiste en ofrecer incentivos económicos a los territorios afectados por proyectos de exploración y explotación de gas y petróleo.
La polémica Ley de Montes
Se aprobó el pasado mes de julio y regulará más del 54% de la superficie del país, es decir, un total de 27,7 millones de hectáreas que son consideradas suelo forestal. La nueva Ley de Montes, impulsada por la mayoría del PP en el Congreso y que modifica una norma de 2006, ha desatado el enfado de la oposición y de las organizaciones ecologistas porque creen que favorece la especulación. La ley de 2006 prohibió el cambio de uso forestal de las zonas incendiadas durante al menos 30 años, mientras que la nueva modificación establece que las comunidades autónomas podrán acordar nuevos usos del suelo en zonas incendiadas.
Es el punto más polémico de la norma. El Gobierno justifica este cambio y alega la existencia de un interés general prevalente y mediante el establecimiento de medidas compensatorias. “Con esta modificación existe el riesgo de que se vuelvan a provocar incendios para permitir la construcción en zonas quemadas”, afirma Ecologistas en Acción. Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción, han declarado que la ley puede reabrir “la posibilidad de construir en montes quemados” y que facilita “la especulación urbanística, que ha motivado algunos de los mayores incendios de nuestro país”.
Prospecciones de petróleo en Canarias, proyecto fallido
Tres de cada cuatro canarios estaba en contra, pero el Gobierno decidió seguir adelante, aunque sin éxito. El ministro de Industria, José Manuel Soria, dio luz verde el pasado año a las prospecciones petrolíferas gestionadas por Repsol en las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Concedió todos los permisos y autorizaciones ministeriales a la compañía para desarrollar los sondeos de exploración. Siete semanas después, la empresa decidió finalizar el trabajo puesto que los recursos hallados no eran “comercialmente viables”. Las organizaciones ecologistas y el propio gobierno canario se opusieron al proyecto desde el inicio.
El proyecto Castor y la subida de la factura del gas
Supuso un coste de más de 4.000 millones de euros y ceso sin éxito tras los más de 400 seísmos registrados en las provincias de Tarragona y Castellón. La instalación de un almacén de gas en la costa de Castellón nunca se llevó a cabo y el desarrollo del proyecto terminó con 18 personas imputadas por prevaricación medioambiental. El plan, impulsado por la empresa Escal UGS –participada por ACS en un 66,67%- arrancó en mayo de 2012 y dos años después fue clausurado. Ese mismo año el Consejo de Ministros aprobó a través de un Real Decreto Ley el cese del proyecto y una compensación económica de 1.350 millones de euros -con un interés del 4,27% anual- para la compañía. El importe de la indemnización lo asumirá la compañía Enagás, transportista de gas, y el sistema gasista, es decir, los propios consumidores. Los usuarios pagarán hasta 4.731 euros a través de sus facturas los próximos años.
Las dudas sobre el cementerio nuclear de Villar de Cañas
Más de 290 millones de euros. Es la cantidad de dinero público destinada a la construcción del cementerio nuclear de Villar de Cañas. Tal y como publicó este periódico el pasado mes de julio, entre septiembre de 2014 y mayo de 2015, Enresa, la empresa pública encargada de gestionar el proyecto, lanzó seis contratos por valor de 256 millones de euros, aunque todavía están pendientes de adjudicación. Sí están adjudicados cuatro contratos por valor de 34 millones de euros y dos formalizados de tres millones de euros. Todas estas operaciones se han llevado a cabo sin contar con los permisos medioambientales necesarios para construir el cementerio. De hecho, los propios geólogos del Consejo de Seguridad Nuclear ven “desfavorables” los suelos elegidos para desarrollar la instalación.
La reforma de la Ley de Costas
“Arias Cañete pasará a la historia reciente como el ministro que más dañó el Medio Ambiente”. Así expresó Ecologistas en Acción su malestar por la reforma de la Ley de Costas aprobada en el Congreso en 2013. La organización ecologista resume la nueva norma en tres palabras: arbitrariedad, despilfarro y privatización. Entre otras cosas denuncian que la ampliación de las actuales concesiones en el Dominio Público Marítimo-Terrestre pasan de concederse por 30 años ampliables a 75 años. “Lo que privatiza las zonas más estratégicas para la ‘socioeconomía’ en nuestro litoral”. Por otro lado, sostiene que la ley permite adelantar la ocupación urbanística 80 metros al mar en lugares que cumplan criterios como el abastecimiento de agua o luz y la ocupación de la costa en torno a los paseos marítimos “posibilitando otro proceso renacentista de la burbuja inmobiliaria en la costa desafectando los territorios que quedan al interior de los paseos marítimos”.
Huelva, el punto negro de Europa
Es uno de los puntos más contaminados de Europa. A los pies de la ciudad se acumulan los residuos vertidos durante décadas por la empresa Fertiberia, dirigida por Juan Miguel Villar Mir, y que se han convertido en 120 millones de toneladas de fosfoyesos, una mezcla corrosiva de agua y ácido sulfúrico. Las balsas, el aire y el suelo están contaminados. Es más, la zona del Bajo Guadalquivir es conocida como el ‘triángulo de la muerte’ por la alta tasa de cáncer.
La compañía ya ha recibido varias advertencias desde Bruselas, la última este mismo año. La Comisión Europea exige a Feriberia la restauración de los fosfoyesos, sin embargo, la Administración parece que se niega. De hecho, la sucesora de Miguel Arias Cañete al frente del ministerio, Isabel García Tejerina, fue directora de Estrategia y Planificación de la compañía durante ocho años, desde 2004 a 2012.
El ‘impuesto al sol’
El Ministerio de Industria presentó el pasado 5 de junio un borrador de Real Decreto de Autoconsumo en el que explica que los consumidores conectados a la red que quieran generar su propia energía a pagar un “impuesto al sol”. Según Greenpeace, los usuarios tendrán que abonar por duplicado los costes que tiene el sistema eléctrico. “Primero cuando consuman energía de la red, y segundo cuando consuman la energía que ellos mismos produzcan. Además les pone un sin fin de barreras administrativas y económicas”. La organización ecologista sostiene que “no tiene ningún sentido poner trabar a que la ciudadanía pueda producir su propia electricidad, con una fuente que es renovable, abundante y barata”.
La mayoría de partidos con representación en el Parlamento han anunciado que rechazan el Real Decreto presentado por el Ejecutivo y se comprometen a derogar el ‘impuesto al sol’ si se llega a aprobar.
Cinco barcos españoles entre los Monster Boats
Tres cerqueros vascos y dos arrastreros de fondo gallegos. Son los cinco barcos que forman parte de la lista de los Monster Boats, las embarcaciones más destructivas de Europa. Greenpeace ha confeccionado una lista de los barcos más voraces del mundo y asegura que algunos de ellos pueden capturar hasta 350 toneladas de pescado en un solo día. “Las capturas de estos barcos incluyen especies marinas que no son su objetivo como delfines, tiburones, tortugas marinas…La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es algo que tienen en común algunos de los buques o sus propietarios”.
La organización denuncia que reciben “mucho dinero público” que ofrecen “pocos beneficios para la sociedad”. También recalca la “estrecha” relación entre los propietarios de los Monster Boats y “algunos políticos”.
El fuel del Oleg Naydenov
El pasado mes de abril el pesquero ruso comenzó a arder en la costa de Canarias hasta que se hundió con 1.400 toneladas de fuel en el interior. Los técnicos detectaron fisuras en la embarcación por la que salieron litros y litros de combustible. En pocos días la catástrofe alcanzó las costas del archipiélago y la mancha de fuel alcanzó la playa.