El Gobierno de Castilla-La Mancha lo tiene claro: el cementerio nuclear no es viable y si finalmente se construye supondrá un enorme sobre coste. Así se ha pronunciado este lunes el presidente de la región, Emiliano García-Page, que asegura que la gestión del silo nuclear y su emplazamiento responde al «conchabeo y acuerdo político» entre el ministro de Industria, José Manuel Soria, y la expresidenta manchega. María Dolores de Cospedal, que en un principio se mostró en contra de que Villar de Cañas acogiera el proyecto.
Por otro lado, Page afirma que el proyecto supondrá un grave «despilfarro» y un «sobrecoste» de cerca de 300 millones de euros, además de que el emplazamiento, es decir los suelos destinados a la construcción del cementerio son «malos» para albergar una infraestructura de esas características. En concreto, tal y como informó este diario el pasado mes de junio, el Gobierno prevé gastar un total de 293 millones de euros en el proyecto a pesar de que todavía no cuenta con las licencias necesarias para llevarlo a cabo. Según informa la empresa pública que gestiona el Almacén Temporal Centralizado, Enresa, en su página web entre septiembre de 2014 y mayo de 2015, la compañía lanzó seis contratos que en estos momentos se encuentran pendientes de adjudicación por valor de 256 millones euros. Por otro lado, ya hay cuatro contratos adjudicados por valor de 34 millones de euros y dos formalizados de tres millones de euros.
Los estudios técnicos y de seguridad sobre el emplazamiento del cementerio también han sido objeto de polémica. En este sentido Page sostiene «que se han hecho las cosas de manera muy chapucera». «Aquí se han hecho las cosas de manera muy chapucera y cuando se vean las auditorías de lo que se ha gastado Enresa antes de que tenga la autorización definitiva, entenderán porqué lo estoy diciendo», denuncia. Es más, el Gobierno manchego decidió utilizar una normativa medioambiental para frenar el proyecto. El pasado mes de julio Page anunció su decisión de ampliar la zona especial de protección para las aves actual (ZEPA) que incluye el suelo donde se pretende edificar el ATC. La intención es declarar esa zona protegida para evitar su construcción. «Poner un ATC a un coste de 1.200 millones de euros para generar 70 puestos de trabajo estables, la mitad para ingenieros especializados de Madrid, no es la solución», ha explicado Page este lunes.
Municipios amenazados por el traslado de residuos nucleares
Las principales organizaciones ecologistas del país, Greenpeace, Ecologistas en Acción y la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca iniciaron el pasado mes de julio una campaña sobre los peligros asociados al transporte de residuos nucleares. Además, pretenden pedir a los 217 municipios afectados que exijan la paralización del proyecto.
Las localidades afectadas por donde circularían cerca de 40 transportes nucleares por año se encuentran en Cataluña, País Valenciano, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura, según los ecologistas. Las organizaciones denuncian que a pesar de que se solicitó que se incluyera a todos los municipios afectados en el Estudio de Impacto Ambiental, la petición no fue atendida. Por eso, los ecologistas han decidido informar directamente a los residentes de las localidades de los riesgos para que se sumen a la petición de paralización de este proyecto.
Las organizaciones antinucleares consideran que lo más adecuado para evitar riesgos es por un lado, realizar la actuación del Plan General de Residuos Radiactivos «que está totalmente obsoleto», por otro que se identifiquen las técnicas alternativas «más seguras» y por último que se determine «cuál es la alternativa socialmente más apoyada».