El PSOE e Izquierda Plural han presentado una serie de enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 en las que reclaman al Gobierno fondos para la apertura de fosas de la Guerra Civil y para «la redifinición y reorientación» del Valle de los Caídos, lo que implicaría la exhumación de los restos allí depositados del dictador Francisco Franco.
En concreto, el PSOE propone en sus enmiendas, recogidas por Europa Press, asignar tres millones de euros a las propuestas locales de exhumaciones de los restos de represalíados que sufrieron persecución y violencia por parte del Franquismo, «en favor de la recuperación de su dignidad y de la Memoria».
También pide al Gobierno que destine 500.000 euros a la financiación de actividades y proyectos de las asociaciones dedicadas a la recuperación de la memoria histórica y 150.000 a la «resignificación» del Valle de los Caídos.
En el año 2011, el grupo de expertos encargado por Zapatero de presentar una propuesta para el Valle de los Caídos planteó la necesidad de exhumar los restos de Franco del mausuleo para trasladarlos donde decidiera la familia y convertir así el lugar en un centro de memoria democrática.
Estas enmiendas han sido promovidas por el diputado socialista Odón Elorza, que ya impulsó una proposición no de ley en el Congreso en la que el Grupo Socialista pedía declarar el Valle de los Caídos es un monumento «contrario a la cultura de la convivencia, la paz, la concordia cívica y la reconciliación» y reclamaba «las actuaciones que sean necesarias para proceder a su reconversión y resignificación».
Izquierda Plural pide cuatro millones
Por su parte, la Izquierda Plural propone transferir dos millones de euros a aquellas comunidades que desarrollan tareas de «dignificación y exhumación» de las fosas comunes y asignar otros dos millones a ayudas a las familias para las exhumaciones.
Para la coalición de izquierdas, «la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas de la guerra civil y dictadura, así como la divulgación de los resultados», debe ser una política pública garantizada por las administraciones «con carácter subsidiario».