Josefa Hernández, o más conocida como la 'abuela de Fuerteventura', ha podido comprobar cómo el Gobierno cumplía con el anuncio que el presidente Rajoy hacía este miércoles en los pasillos del Congreso de los Diputados. Aunque demasiado tarde. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha confirmado este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la concesión de este indulto un día después de que ya fuera puesta en libertad. «Se notificará inmediatamente, a pesar de que se ha levantado su ingreso en prisión», ha manifestado Santamaría, que sin embargo no ha desaprovechado la oportunidad de anunciarlo este viernes, pese a que es una cuestión de la que nunca se da cuenta pública.
Ya lo anunció Rajoy este miércoles en el Parlamento Nacional en una jornada histórica en la que a pesar de que no intervino en el Hemiciclo, sí se paró hasta en tres ocasiones en los pasillos de la Cámara Baja para atender a los periodistas. Dos días antes, la mujer canaria condenada a seis meses por construir su casa en un espacio protegido y negarse a derribarla, había ingresado en la prisión de Tahíche (Lanzarote) por orden de la jueza del Juzgado de lo Penal Número 2 de Puerto del Rosario. La polémica suscitada por este hecho ha sido tal, que a Rajoy no le ha quedado más remedio que actuar.
Los indultos que concede el Gobierno ni se anuncian, ni se publican en la referencia de Consejo de Ministros, tal y como confirman fuentes gubernamentales a estrelladigital.es. Pero en esta ocasión, Rajoy no quiso quedarse al margen. Lo anunció en el Congreso este miércoles; pero lo cierto es que de poco ha servido. Un día antes de que el Consejo de Ministros estudiara la situación de Josefa Hernández y aprobara su indulto, la Audiencia de Las Palmas ya había revocado el auto de la jueza y exigido su inmediata puesta en libertad.
Aún así, Santamaría no ha desaprovechado la oportunidad de dar cuenta de la medida y aclarar que se trata de un «indulto parcial», que sólo afecta a la pena privativa de libertad, a los seis meses de prisión a los que fue condenada, pero que mantiene «viva y exigible» la obligación de demoler las obras ilegalmente cometidas. «Tenemos que respetar, como Gobierno, esa legislación vigente», ha insistido la portavoz gubernamental, quien ha aclarado que lo que «se ha reclamado al Gobierno de Canarias», es que dado que esa parte no es indultable porque hay una legislación que cumplir, que el Gobierno canario ponga a disposición de «esta persona» una vivienda adecuada. «Esperamos que con la colaboración de todas las administraciones, desde luego con la voluntad del Gobierno, pueda darse una adecuada salida a esa difícil situación familiar», ha concluido Santamaría ya inmersa en precampaña electoral.
Santamaría sabía que el anuncio llegaba tarde, así que para intentar disimularlo, ha agradecido «la celeridad con la que el anuncio de esa admisión de indulto ha permitido su puesta en libertad».
La 'abuela de Fuerbentura', que comparte su vivienda con dos hijos y tres nietos menores de edad, disfrutó inicialmente de una suspensión de condena que le evitó ingresar en prisión, pero el juzgado que la condenó le retiró ese beneficio este mismo verano, ya que no solo derribó lo ilegalmente construido, sino que siguió haciendo nuevas obras.