La operación judicial de registros 'Petrum II' por presunto delito contra la administración pública también incluye la sede de CDC. Un acto calificado por la formación catalana de «electoralista» y que el Gobierno nacional, en boca de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha negado categóricamente. «Pediría respeto a las decisiones judiciales. Es una actuación judicializada», ha respondido la portavoz gubernamental después de que el coordinador general de CDC, Josep Rull, asegurara que la operación era «un acto de campaña electoral con voluntad de hacer daño. Nada tiene que ver con la voluntad de hacer justicia. Es para hacer daño y montar un espectáculo televisivo. No son las formas de un Estado democrático y de derecho«.
Una grave acusación de la que el Ejecutivo nacional se ha desvinculado inmediatamente. «Las actuaciones judiciales no entienden ni de partidos ni de fechas electorales», ha recordado Santamaría, no sin antes recomendar a Convergència que no «busque culpables fuera» de sus filas, sino «dentro», que es dónde habrá que «demostrar si los hay o no». En cuanto a la acusación de haber filtrado este registro antes a los medios de comunicación, la vicepresidenta ha recordado que a lo «largo de estos meses y años, las investigaciones han trascendido de alguna u otra manera». «Esto ha afectado a todas las formaciones», ha advertido Santamaría, quien ha insistido que el «verdadero debate que preocupa a la ciudadanía es el referente a la lucha de la corrupción». El Gobierno aprecia una actitud victimista en Convergència y le pide que «deje trabajar a los policía y jueces».
Desde primera hora de la mañana agentes de la Guardia Civil también están registrando la fundación Catdem -vinculada a Convergència- y la casa del extesorero del partido Daniel Osàcar. La Guardia Civil, en una operación tutelada por el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell y Fiscalía Anticorrupción, llegó a primera hora de la mañana a la sede de la Fundació CatDem. Según han informado fuentes del instituto armado, se registra la sede por un presunto delito contra la administración pública.
La operación, bautizada como 'Petrum II', se encuentra bajo secreto de sumario e incluye el registro de la casa del extesorero de CDC Daniel Osàcar y de cuatro ayuntamientos catalanes. Según han informado fuentes próximas a la investigación, los cuatro ayuntamientos son los de Lloret, Figueres (Girona), Sant Celoni y Sant Cugat (Barcelona). La Guardia Civil ha solicitado información de un expediente en el Ayuntamiento de Sant Celoni en el marco de la operación por un presunto delito contra la administración pública. Según han informado fuentes municipales, la Guardia Civil ha estado 20 minutos en el consistorio vallesano «para hacer fotocopias de un expediente» acompañados por el alcalde, Francesc Deulofeu, y un secretario.
CDC y el Govern se defienden
Rull ha concretado que las aportaciones de la empresa Teyco se hicieron en 2007-09 por un total de 150.000 euros, un 1,7% de las donaciones a Catdem; y las de Bluegreen, vinculada a Teyco, se hicieron en 2012-14, por un total de 207.000 euros, el 2,4% de las donaciones que recibió Catdem. El conseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, ha atribuido el registro policial de la fundación CatDem a una maniobra de «los poderes del Estado» para hacer daño a CDC a pocos días de la campaña de las elecciones catalanas.
Así pues, ha defendido la «honorabilidad» del partido pese al registro judicial y ha afirmado que esto interfiere en la precampaña de las elecciones catalanas. «Estamos tranquilos. Hemos hechos bien las cosas. Defenderemos nuestra honorabilidad», ha dicho el portavoz, y ha defendido la transparencia de las donaciones recibidas por Catdem.