Al PP se le atraganta la inmigración. Comenzó la legislatura retirando la tarjeta sanitaria a 748.853 extranjeros en situación irregular esperando ahorrarse 1.500 millones al año. Continuó con la tragedia de Ceuta, en la que 15 inmigrantes perdieron la vida cuando intentaban llegar a nado al territorio español mientras agentes del Instituto Armado disparaban pelotas de goma y botes de humo para disuadirles. Y no tiene pinta de terminarla mejor. La tibia respuesta que el Gobierno de Rajoy está dando a una las mayores crisis migratorias que se ha producido en Europa en las últimas décadas ha vuelto a dejar a los conservadores españoles en evidencia. El Partido Popular sigue sin saber dar una respuesta eficaz y proporcionada a esta delicada cuestión.
La oposición parlamentaria al completo, Bruselas y muchos ayuntamientos y comunidades autónomas han exigido al Ejecutivo 'popular' una contundencia que se resiste a mostrar. La responsabilidad es única y exclusivamente suya; pero no acaba de tomar la iniciativa. La Comisión Europea ya ha anunciado este jueves que propondrá la próxima semana a los Estados miembros reubicar a 120.000 refugiados de los países más afectados por la crisis actual, además de un mecanismo de reubicación permanente que se pueda activar de forma automática para responder a situaciones de emergencia en cualquier país. Y la posición de España sigue siendo difusa y esquiva.
La semana comenzó con unas contundentes declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de las que ya se pudo deducir que el Ejecutivo español no tenía mucha intención de colaborar en esta grave crisis humanitaria. «La capacidad de acogida de refugiados de España está muy saturada por la inmigración irregular, una situación a la que no tienen que hacer frente otros países de la Unión Europa». Unas palabras con las que el Gobierno español se retrató, igual que hiciera unas semanas antes. Bruselas había propuesto a España un cupo de 5.849 refugiados, pero el Ejecutivo español se opuso. El 20 de julio el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo ante sus homólogos europeos, que España aceptaría a 2.739. Y esta es la cifra que finalmente confirmó el presidente Rajoy este martes ante la canciller alemana, Angela Merkel, en Alemania. Aunque su postura fue «más flexible».
Iba en son de paz y no le quedó más remedio. Y aunque aseguró que España estaba dispuesto a aceptar más refugiados -en contra de lo que su vicepresidenta había dado a entender un día antes-, también dejó claro que sería con condiciones. En primer lugar, que Grecia e Italia cumplan sus compromisos europeos y abran los «centros de acogida» acordados. En segundo lugar, que se ponga en marcha una «política comunitaria de asilo». Y en tercer lugar, que comience a hablarse de una «política global de inmigración».
Un discurso al que este jueves se han unido dos de los principales ministros implicados en esta cuestión. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha asegurado este jueves que España está «perfectamente dispuesta a asumir la cuota que le corresponda en el esfuerzo» para afrontar la crisis migratoria que está golpeando las conciencias de Europa, pero no ha querido concretar, ni siquiera de manera aproximada, cuántos de los 120.000 nuevos refugiados que la Comisión Europea propone repartir entre los socios acogería. «Nosotros queremos ayudar, es una obligación moral, pero vamos a ver cuál es la fórmula, vamos a ver el dibujo completo», ha zanjado. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, por su parte, lejos de ofrecer soluciones concretas al problema se ha sumado a la estrategia de la palabrería: «La Comisión Europea debería tener una auténtica política migratoria para que esta situación tan extraordinaria del verano de 2015 no vuelva a suceder y no volvamos a ver las tragedias de las últimas semanas».
Bruselas ya ha alertado de que la crisis es urgente, pero el Gobierno de Rajoy sigue apelando a la cautela: «Hay que abordar estas cuestiones con una visión estratégica a medio plazo, como hizo España en su día con Senegal y Mauritania. Teníamos una presión demográfica muy alta y fuimos capaces de ordenar los flujos trabajando con los países de origen», ha rematado el ministro de Justicia.
Objetivo del PP: tapar al Gobierno
¿Cuál ha sido la actitud del Partido Popular? proteger al máximo a sus compañeros de Gobierno. En julio, el Grupo Parlamentario 'popular' impidió que el ministro del Interior compareciera en el Congreso este verano de forma extraordinaria para informar de la posición del Gobierno en la distribución de demandantes de asilo en la UE, así como de la situación de «colapso» y de las listas de espera existentes para la tramitación de solicitudes de protección internacional en la Oficina de Asilo. Y ahora también está poniendo trabas a las actuaciones que por su cuenta están poniendo en marcha ayuntamientos y comunidades autónomas para dar asilo a los refugiados que vayan llegando a España.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que aglutina a los más de 8.000 ayuntamientos españoles y que está presidida por el 'popular' Íñigo de la Serna, ya ha anunciado que no apoyará la creación de una red de ciudades de acogida de refugiados, promovida por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pese a que reconoce que la crisis migratoria es «un asunto de gran trascendencia que necesita de una respuesta urgente». Según el alcalde de Santande, «sería un grave error que desde grupos de ayuntamientos se propiciara la desunión del municipalismo», retrasando así la toma de decisiones ante ese «drama social» hasta después de que se celebre una reunión con el Ejecutivo de Mariano Rajoy prevista para la próxima semana.
Claro que esta pasividad del Gobierno y el PP no está impidiendo actuar al resto de formaciones. En el caso de Madrid, el partido gobernanete (Ahora Madrid) ya ha anunciado que destinará una partida de 10 millones de euros para un plan de acogida de refugiados que ayudará a aproximadamente 250 familias. Y los socialistas ya han anunciado que este viernes en el Congreso propondrán una plan de urgencia para hacer frente a la crisis humanitaria de los refugiados y que se haga a través de una Proposición de Ley. El PSOE aprovechará además para exigir al PP que amplíe las partidas económicas destinadas al asilo aprovechando la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.