El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este viernes que «Europa no puede renunciar de ninguna manera a dar asilo a aquellas personas que tengan derecho al mismo conforme al derecho internacional». «España va a tener una postura constructiva y positiva y a todas las personas que tengan derecho a asilo se les va a atender y colaboraremos en ello con la Unión Europea», ha asegurado, sin hablar aún de cifras concretas.
Rajoy se expresaba así en rueda de prensa junto al primer ministro británico, David Cameron, con quien ha mantenido un encuentro bilateral en el Palacio de la Moncloa en el que se ha abordado entre otras cuestiones, la crisis humanitaria en el Mediterráneo, para la que Reino Unido ha anunciado que acogerá a «miles de sirios» procedentes de los campos de refugiados e incrementará hasta «1.000 millones de libras» la ayuda humanitaria tanto a Siria como a los países limítrofes. «Forma parte de nuestro acervo como europeos, la defensa de loa derechos humanos, la libertad y la acogida de personas por razones de persecución. Es un deber moral de todos los europeos mantenerlo», ha destacado el presidente español, después de una semana repleta de discursos cambiantes por parte del Ejecutivo.
Si algo ha quedado claro a lo largo de esta grave crisis migratoria que ha afectado de lleno a la Unión Europea, es que al Partido Popular se le atraganta la inmigración. Comenzó la legislatura retirando la tarjeta sanitaria a 748.853 extranjeros en situación irregular esperando ahorrarse 1.500 millones al año. Continuó con la tragedia de Ceuta, en la que 15 inmigrantes perdieron la vida cuando intentaban llegar a nado al territorio español mientras agentes del Instituto Armado disparaban pelotas de goma y botes de humo para disuadirles. Y no tiene pinta de terminarla mejor. La tibia respuesta que el Gobierno de Rajoy está dando a una las mayores crisis migratorias que se ha producido en Europa en las últimas décadas ha vuelto a dejar a los conservadores españoles en evidencia.
La oposición parlamentaria al completo, Bruselas y muchos ayuntamientos y comunidades autónomas han exigido al Ejecutivo 'popular' una contundencia que se resiste a mostrar. La responsabilidad es única y exclusivamente suya; pero no acaba de tomar la iniciativa. La Comisión Europea ya ha anunciado este jueves que propondrá la próxima semana a los Estados miembros reubicar a 120.000 refugiados de los países más afectados por la crisis actual, además de un mecanismo de reubicación permanente que se pueda activar de forma automática para responder a situaciones de emergencia en cualquier país. Y la posición de España sigue siendo difusa y esquiva.
La semana comenzó con unas contundentes declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de las que ya se pudo deducir que el Ejecutivo español no tenía mucha intención de colaborar en esta grave crisis humanitaria. «La capacidad de acogida de refugiados de España está muy saturada por la inmigración irregular, una situación a la que no tienen que hacer frente otros países de la Unión Europea». Unas palabras con las que el Gobierno español se retrató, igual que hiciera unas semanas antes. Bruselas había propuesto a España un cupo de 5.849 refugiados, pero el Ejecutivo español se opuso. El 20 de julio el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo ante sus homólogos europeos, que España aceptaría a 2.739. Y esta es la cifra que finalmente confirmó el presidente Rajoy este martes ante la canciller alemana, Angela Merkel, en Alemania. Aunque su postura fue «más flexible».
Iba en son de paz y no le quedó más remedio. Y aunque aseguró que España estaba dispuesto a aceptar más refugiados -en contra de lo que su vicepresidenta había dado a entender un día antes-, también dejó claro que sería con condiciones. En primer lugar, que Grecia e Italia cumplan sus compromisos europeos y abran los «centros de acogida» acordados. En segundo lugar, que se ponga en marcha una «política comunitaria de asilo». Y en tercer lugar, que comience a hablarse de una «política global de inmigración».
Hoy su discurso no sólo ha sido más claro y contundente -ha asegurado que España atenderá a todas las personas que tengan derecho a asilo se les va a atender-, sino que además ha optado por pasar a la acción. Lo ha hecho a remolque, después de que ayuntamientos y comunidades autónomas lo presionaran a hacerlo, pero finalmente lo ha hecho: unos minutos antes de la comparencia ofrecida por el presidente Rajoy y el premier Cameron, la vicepresidenta del Gobierno, que a principios de semana aseguraba que España estaba «saturada» de inmigración, ha anunciado la creación de Comisión Interministerial, que además ella misma presidirá.
Comisión Interministerial para el asilo
¿El objetivo de esta comisión? analizar la acogida de solicitantes de asilo y refugiados en España que reclama la Comisión Europea y que convocar a la Conferencia Sectorial de Migraciones para estudiar con las comunidades autónomas y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) el modo de poner en marcha todo el proceso. Un anuncio sorprendente si tenemos en cuenta que la FEMP, que aglutina a los más de 8.000 ayuntamientos españoles y que está presidida por el 'popular' Íñigo de la Serna, había anunciado este jueves que no tenía previsto apoyar la creación de una red de ciudades de acogida de refugiados, promovida por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pese a que reconocía que la crisis migratoria era «un asunto de gran trascendencia que necesita de una respuesta urgente».
Sáenz de Santamaría ha avanzado que ella presidirá el grupo de trabajo de esta comisión que abarca a los distintos ministerios implicados y cuya primera reunión plenaria será el próximo lunes. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha recibido ya instrucciones de convocar la citada conferencia sectorial de migraciones para la semana siguiente.