La Fiscalía Superior de Andalucía mantiene abierta una investigación en relación al consejero de Economía y Conocimiento de la Junta, Antonio Ramírez de Arellano, tras ser denunciado por presunta prevaricación cometida cuando era vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.
Tal y como publica 'El Mundo' en su edición de este martes, Ramírez de Arellano fue denunciado el 27 de marzo por el Colegio de Arquitectos de Sevilla, tras lo que la Fiscalía hispalense inició una investigación que cesó en junio, cuando fue nombrado consejero y adquirió la condición de aforado, por lo que el departamento de María José Segarra tuvo que inhibirse en favor de la Fiscalía Superior.
Las fuentes consultadas por Europa Press han indicado que Ramírez de Arellano ha sido denunciado por un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal, añadiendo que será en los primeros días de octubre cuando la Fiscalía emita un dictamen al respecto.
El Colegio de Arquitectos de Sevilla ha denunciado al actual consejero y anteriormente rector y vicerrector de la Hispalense por entender que adjudicó de manera «arbitraria» la redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius).
Según el rotativo, los hechos se remontan a septiembre de 2008, cuando la Universidad de Sevilla firmó un contrato con un estudio de arquitectura para la redacción del proyecto de obras del edificio Centrius, una construcción de 25.800 metros cuadrados presupuestada en 34 millones de euros y subvencionada con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder de fondos europeos.
Los denunciantes consideran «contradictorio» que la licencia de obras para el edificio se concediera con base en un proyecto básico que fue visado el 13 de agosto de 2008, más de un mes antes de que, oficialmente, la Universidad le encargara el trabajo a los autores mediante el contrato.
Así, el Colegio de Arquitectos asegura que la redacción del proyecto se adjudicó sin que existiera siquiera expediente de contratación, y ello, según la denuncia, porque a pesar de haberlo solicitado desde que tuvieron conocimiento de dicho proyecto, la US «nunca» ha puesto en manos del Colegio el expediente administrativo.