La juez Mercedes Alaya, que actualmente ocupa una plaza en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, acusó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de proponer el refuerzo del Juzgado con dos magistrados en comisión de servicio con relevación de funciones y un juez de Adscripción Territorial «sin tener el menor conocimiento de la situación actual del Juzgado ni de las macrocausas».
Así lo pone de manifiesto la magistrada en el informe que elevó el día 29 de abril al Alto Tribunal Andaluz para solicitar una comisión de servicio vinculada a las tres macrocausas, como son los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, los cursos de formación y los avales y ayudas concedidos a empresas por la agencia IDEA.
En este informe, de 41 páginas, la juez asevera que estas medidas de refuerzo son «inoperativas» y se han adoptado «sin tener el menor conocimiento de la situación actual del Juzgado ni de las macrocausas», ya que «siendo su finalidad ganar celeridad y eficacia en su tramitación, lo que lograrían es un retraso considerable en las mismas, una perturbación indeseable en su instrucción, y una innecesaria adscripción de medios seguramente necesarios en otros juzgados».
«La imagen de cuatro jueces en un solo juzgado, lejos de ofrecer un mensaje de normalidad y eficacia, traslada una imagen perturbadora, pues además no prevé el incremento de la plantilla del juzgado, a la cual puede abocarse a pedir traslado ante las distintas maneras de dirigir y de instruir», señala la juez, que añade que «parte además de una idea errónea: la subsistencia a día de hoy de múltiples macrocausas».
En este punto, Alaya precisa que «son tres las macrocausas cuya instrucción y fase intermedia debe culminarse, con contenidos compartidos pues las tres se refieren a la actuación no solo de la Administración autonómica, sino de la Consejería de Empleo, y las tres con repercusiones presupuestarias, siendo absolutamente compatible la programación de las tres instrucciones».
«En las tres trabajan los mismos equipos, ya reforzados, y en las tres partimos de conocimientos sobre materias complejas ya adquiridos», por lo que «dividir la dirección de estas macrocausas es sin duda retrasar, y retrasar muchísimo, por la falta de tales conocimientos y la abundancia de documentación, y por ello la comisión de servicio que solicito se refiere a las tres causas», asevera la magistrada.
«La solución no son más jueces, sino más funcionarios»
A su juicio, «no debemos llevarnos a engaño», ya que «el problema no es la falta de jueces; el problema radica en que no hay funcionarios suficientes», de manera que «la solución no son más jueces, sino más funcionarios: de nada sirve que se minuten las actuaciones si ello no encuentra inmediatamente su tramitación y su notificación de manera ágil y adecuada».
En su escrito, la magistrada criticaba que «lo excepcional es que en causas tan arduas tengamos que trabajar con tan limitados recursos personales», agregando que «lo verdaderamente cierto es que ninguna comisión de servicio, ni siquiera la que ahora pido, tendrá eficacia» si no se adoptan unas «mínimas medidas de apoyo y asignación de personal», consistentes en seis funcionarios y un secretario judicial dedicados «en exclusiva» a las macrocausas.
La magistrada, que está pendiente de que el CGPJ decida sobre el reparto de trabajo con la actual titular después de que el TSJA le asignara los ERE y Mercasevilla, se refería en su escrito al contenido y alcance de cada macrocausa, como los ERE, que define como «una causa excepcional por su extraordinaria complejidad técnica y amplitud» que «exige un especial estudio de la materia presupuestaria», decía la juez, que se volvía a oponer a la división de la causa en piezas separadas, algo que ha sido acordado posteriormente por la nueva titular, María Núñez Bolaños.
Conocimientos técnicos «que no son los habituales»
No obstante, para la magistrada la causa de los cursos de formación es «de mayor complejidad» que los ERE, «no sólo por ser superiores los fondos públicos comprometidos, sino por existir una multiplicidad inusual de normas aplicables estatales y autonómicas, de programas presupuestarios, y por ser ingente la documentación que está siendo analizada», punto en el que señala que esta causa sí podría dividirse en piezas, aunque «todo dependerá del devenir de la investigación».
En cuanto a los avales de IDEA, la juez ponía de manifiesto que su instrucción, «que guarda gran paralelismo con los ERE, no se prolongará demasiado en el tiempo».
La juez asevera que estas macrocausas, «fundamentalmente la de los cursos de formación y los ERE, cuya amplitud y complejidad técnica es sin duda de las mayores en todo el panorama judicial español, necesitan para el buen fin de la investigación la continuidad que solo esta instructora puede ofrecerle», ya que, en primer lugar, «la llevanza de estas macrocausas me ha obligado a adquirir conocimientos técnicos en ciertas materias que no son los habituales en un juez de Instrucción».
Tras indicar que «el hándicap mayor es el control de la extensísima documentación y del número extraordinario de tomos que conforman estas causas», Alaya afirma que es un hecho «cierto e innegable» que «cualquier compañero que se enfrentara de nuevo a estas causas, fundamentalmente a la causa de los cursos y a la de los ERE, tardaría muchísimos meses para poder actuar con el mínimo de rigor, criterio y eficacia».
«Vulnerabilidad del instructor»
«La vulnerabilidad del instructor por su falta de conocimientos sería incompatible con una causa tan difícil, extensa y con tantas partes», alega la magistrada, que agrega que, «no menos complejo es, sobre todo en el caso de los ERE, el control de la investigación, conocer lo que abarca y hasta donde alcanza, conocer los múltiples inculpados y por qué se ha imputado a cada uno de ellos».
No obstante, «no podemos ofrecer una imagen completa del juzgado, si no exponemos también la situación en la que se encuentran las causas ordinarias del juzgado, en función de los datos que me han sido suministrados por el secretario», pues de la llevanza de los asuntos ordinarios estaba eximida desde el 2 de abril de 2012.
La juez denuncia, en este sentido, que en el resto del juzgado «se ha producido un retraso significativo en la tramitación de las causas, pues se ha pasado en septiembre de 2013 de 306 diligencias previas a casi el doble en el momento actual, con 549», todo ello «sin que este incremento de las diligencias se haya visto equilibrado con un aumento de los procedimientos abreviados incoados, pues de 119 en septiembre de 2013, solamente existe en el momento presente 140, más aquellos que se encuentran en Fiscalía».
Ausencia de funcionarios «cualificados»
«Aunque ignoro las razones del retraso, la existencia del mismo es causa más que suficiente para la asignación de los funcionarios a la tramitación» de las tres macrocausas, defendía la juez, que apuntaba que la acumulación de «tantas» macrocausas en el juzgado son fruto «del azar a través del reparto aleatorio de asuntos» y de la norma 8.3 que regula las normas de reparto.
La juez critica que, desde el 2 de abril de 2012 y hasta marzo de 2013, cuando se reincorporó al juzgado tras su baja, las macrocausas estuvieron «paralizadas» de forma «absoluta», aunque vuelve a insistir en que «otra circunstancia que sin duda ha influido y sigue influyendo en que el avance de estas causas no sea lo ágil que todos quisiéramos es la carencia de funcionarios cualificados».