Ciudadanos (C's) propone proteger e incentivar a quienes denuncien prácticas corruptas o irregulares en las instituciones, reducir a 100.000 las firmas necesarias para que el Congreso tramite una Iniciativa Legislativa Popular y evitar las subvenciones públicas a organizaciones empresariales y sindicales.
Así lo explica el partido de Albert Rivera en el quinto bloque de propuestas de su programa económico y social, dedicado a la lucha contra la corrupción y el 'capitalismo de amiguetes'. Considera que tener unas instituciones «sanas» es indispensable para el desarrollo económico de un país, y para ello ve necesaria en España una reforma integral o «Big Bang institucional» que no permita un Estado «débil y clientelar».
A su modo de ver, para «instaurar el buen gobierno, la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad y acabar con la patrimonialización de lo público, la corrupción y el despilfarro», se deben combinar las sanciones legales y los incentivos económicos con el rechazo moral y social.
Estas son algunas de las propuestas:
– Crear en los organismos públicos unidades independientes de investigación y represión de la corrupción para que ciudadanos y empleados públicos puedan denunciar anónimamente.
– Establecer incentivos positivos para los denunciantes de la corrupción mediante gratificaciones extraordinarias que podrán consistir en una parte del dinero que se haya recuperado con la denuncia. Se les concederá la condición de testigos protegidos si lo solicitan.
– Los imputados judicialmente por corrupción no podrán presentarse en listas electorales ni ocupar cargos públicos. La imputación formal será considerada causa de cese inmediato en los cargos de libre designación.
– Exigir responsabilidad patrimonial a los responsables de haber causado daños y prejuicios a los intereses generales.
– Suprimir los aforamientos.
– Conceder indultos sólo en casos excepcionales, de forma motivada y en ningún caso en contra de los informes técnicos y la opinión del tribunal.
– Fomentar el trabajo de equipos multidisciplinares para casos de corrupción que deberán actuar de forma independiente y bajo la supervisión del juez instructor.
– Consagrar el derecho a la información pública como un derecho fundamental y eliminar el silencio negativo administrativo.
– Dotar de independencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno incorporando miembros de la sociedad civil. Dicho organismo tendrá capacidad de imponer sanciones para casos de incumplimiento.
– Dotar de independencia a la Oficina de Conflicto de Intereses que, convertida en Agencia, debe rendir cuentas sólo al Parlamento.
– Las personas que hayan ocupado cargos políticos de relevancia no podrán (durante un plazo prudencial suficientemente amplio) trabajar para la empresa privada en los sectores en los que han actuado durante su actividad pública.
– Establecer un régimen de transparencia que permita conocer los intereses públicos de una empresa que contrata a un ex alto cargo o político para evitar que se produzca un 'pago de intereses'.
– Favorecer la estructuración de la sociedad civil a través de entidades independientes evitando las subvenciones institucionales y sin concurrencia competitiva, en particular, a organizaciones empresariales y sindicales, que dependerán fundamentalmente de financiación privada. Fomentar el crowdfunding como vía de financiación.
– Obligar a los partidos a elegir a sus candidatos en primarias y a celebrar congresos en fechas fijas.
– Auditorías obligatorias externas en los partidos y prohibición de donaciones por parte de personas físicas o jurídicas que hayan tenido, tengan o puedan tener en el corto plazo relaciones económicas con la Administración. Prohibición también de donaciones a las fundaciones u otras entidades ligadas a los partidos.
– Responsabilidad patrimonial subsidiaria del partido por actuaciones de sus miembros que causen perjuicio patrimonial a terceros.
– Favorecer Comisiones de Investigación en el Parlamento y limitar las posibilidades de que el partido afectado las bloquee.
– Sancionar a senadores y diputados por incumplir sus deberes y obligarles a declarar sus actividades, bienes y rentas también al final de la legislatura.
– Igualar el régimen fiscal y de clases pasivas de los cargos electos al del resto de los ciudadanos.
– Reducir el número de firmas para tramitar una Iniciativa Legislativa Popular de las 500.000 necesarias actualmente a 100.000 firmas, y permitir que pueda tratar sobre cualquier asunto.
– Regular los 'lobbies', garantizando su transparencia.
– Publicitar con suficiente antelación las vacantes en las instituciones públicas y asegurar la competencia entre al menos tres candidatos para cada puesto, que deberán comparecer en el Congreso u otro órgano.
– Limitar el acceso a puestos en organismos públicos a cargos electos en activo o personas que hayan ocupado puestos políticos relevantes o que pertenezcan a partidos.
– Eliminar los puestos de libre designación salvo en los niveles 30 (subdirectores generales) y en todo caso para los puestos de supervisión y control. Restablecer el concurso de méritos como el sistema ordinario de provisión de puestos de trabajo.
– Creación de un Tribunal Administrativo Central de Recursos en materia de personal.
– Exigir responsabilidad política (ceses o dimisiones) a los cargos que hayan tomado las decisiones que después sean revocadas o anuladas por tribunales administrativos o jurisdiccionales.
– Supresión de las diputaciones provinciales.
– Limitar los supuestos de contratos por adjudicación directa y sin publicidad a nivel local o contratos de obras inferiores a 18.000 euros, y en otro tipo de contratos 4.000 euros.
– Eliminar la presencia de cargos electos y políticos en las mesas de contratación y en comisiones u órganos similares que acuerden la concesión de subvenciones, cuya composición será exclusivamente técnica.
– Garantizar la transparencia de las actuaciones y decisiones en materia de contratación, subvenciones, concesiones de obra pública, urbanismo, encomiendas de gestión y convenios.
– El nombramiento de los presidentes y consejeros de las Autoridades Administrativas Independientes podrá ser rechazado por el Congreso de los Diputados, previa comparecencia, y recurrido por cualquier persona física o jurídica. Los presidentes comparecerán trimestralmente en la Cámara baja.
– Acabar con el modelo actual de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), separando Competencia de Regulación, que podrá dividirse a su vez en dos o tres áreas (como electricidad y energía). Terminar con los nombramientos políticos.
– Convertir la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en una Comisión Nacional de los Mercados Financieros (CNMF) que supervise también los servicios bancarios y los de los seguros. Entre sus competencias estarían las que ahora corresponden al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
– Incorporar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) una unidad que evalúe la eficacia y el coste de los programas de gasto público.