La Audiencia Nacional ha rechazado un recurso presentado por la defensa del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas en el que solicitaba que se rebajara por «desorbitada» la fianza civil de 88,8 millones de euros que el juez Pablo Ruz le impuso en marzo pasado por la primera época de actividades de la red Gürtel, que desarrolló entre los años 1999 y 2005.
En un auto notificado este miércoles, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal destaca que el penúltimo juez instructor del caso «observó los deberes impuestos legalmente» al fijar esta caución, sin que exista «atisbo alguno de actuación arbitraria, irrazonada y no ponderada».
La fianza por responsabilidades pecuniarias fijada por Ruz contemplaba 11,5 millones de euros en concepto de responsabilidades civiles, 55,1 millones por posibles multas a imponer tras la sentencia y 22,2 millones más como resultado del tercio adicional previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Los jueces Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel (ponente de la resolución) consideran que en su recurso de apelación los abogados de Bárcenas incluían conceptos «no establecidos legalmente ni constatados indiciariamente», al solicitar una fianza de 11,5 millones más el tercio establecido por la ley.
Al estar incorporada la fijación de la fianza en el auto de apertura de juicio oral, los jueces subrayan que contra esta resolución no cabe el recurso «pretendido subrepticiamente por la parte recurrente», no sólo porque no lo permite la ley sino también porque la apelación está «dirigida a casos tasados».
«Manifiestamente desproporcionada»
La defensa de Bárcenas, que presentó este recurso en marzo pasado, consideró que la fianza impuesta era «manifiestamente desproporcionada», carecía de toda fundamentación «lógica» y lesionaba gravemente los derechos fundamentales de su representado.
El juez Ruz impuso a Bárcenas una fianza civil de 43,2 millones de euros y en julio de 2013 embargó bienes y cuentas del extesorero por esta cuantía. En marzo pasado, dictó el auto de apertura de juicio oral contra 40 personas y elevó esta caución a 88,8 millones.
Entre los acusados en este procedimiento se encuentran, además de Bárcenas, los extesoreros 'populares' Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta, así como el PP y la exministra de Sanidad Ana Mato como partícipes a título lucrativo de los delitos presuntamente cometidos por los miembros de la trama desde 1999 y 2005.